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AUNQUE en materia de terrorismo cualquier división entre demócratas es mala por naturaleza, y por historia, creo que se exagera al hablar de fractura del Pacto Antiterrorista y vuelta a la crispación a cuenta del debate y votación en el Congreso de una iniciativa de Rosa Díez para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV (el mismo día, por cierto, en que la Unión Europea la incluyó en su lista de organizaciones terroristas).

No estamos en la legislatura anterior, y no lo estamos por una razón bien sencilla: ninguno de los partidos mayoritarios (PSOE y PP) mantiene la misma actitud que entonces. El Gobierno no engaña a la oposición negociando políticamente con ETA cuando ya se ha demostrado que su tregua era tan falsa como siempre, y Mariano Rajoy acaba de ratificar su confianza en el trabajo actual del Ministerio del Interior y de desautorizar a quienes desde el PP han lanzado sospechas sobre una hipotética vuelta a las negociaciones.

En este contexto, la discrepancia acerca de la liquidación de los ayuntamientos de ANV es solamente eso, una discrepancia que los implicados no se han resistido a la tentación de sostener en público, lo cual es siempre negativo. Pero la diferencia entre disolver de inmediato y de golpe los 42 ayuntamientos de los proetarras en aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local y hacerlo mediante mociones de censura o investigando caso por caso, con ser importante desde el punto de vista político, tampoco es como para alterar la convivencia democrática ni romper la unidad fundamental contra el terrorismo. (Ahora se comprende mejor qué gran error cometió el Gobierno permitiendo que esa gente se presentara a las municipales).

Esta unidad se mantiene en lo básico: rechazo a la negociación, firmeza policial y judicial (las detenciones se suceden como nunca) y colaboración francesa. Los partidos democráticos están de acuerdo en que ETA desaparecerá por la vía de la derrota, y eso tiene más peso y trascendencia que los eventuales disensos sobre la mejor forma de combatir los entramados políticos, sociales e institucionales de la organización terrorista. La situación no es la ideal, pero sí mucho mejor que la de la etapa 2004-2008.

Y luego está el tono del debate y las formas que escenifican la discrepancia. Socialistas y populares argumentan sus posiciones y, en esa medida, rechazan las del contrario, pero a ninguno se le ocurre hablar de que éste traicione a las víctimas del terrorismo, sea antipatriota, dé alas a los terroristas o utilice espuriamente el dolor que causa ETA para desgastar a su oponente. Este clima llega a los ciudadanos, que enfocan la cuestión con más calma de la que traslucimos con frecuencia los periódicos.

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