LA celebración, al fin, después de varios años de silencio, de un debate parlamentario sobre la participación de tropas españolas en la guerra de Afganistán debe ser juzgada positivamente, por el hecho en sí de que el Gobierno se explique en el Congreso sobre un asunto de tanta relevancia y por la constatación de que la inmensa mayoría de los representantes del pueblo español mantienen una posición común al respecto. En efecto, por encima de matices y divergencia menores, el debate del miércoles evidenció que existe una amplia coincidencia en la necesidad de continuar participando, junto a nuestros aliados de más de cuarenta naciones, en una misión que, auspiciada por la ONU y la OTAN, tiene como objetivo acabar con el poder talibán en diversas zonas afganas o, lo que es lo mismo, cercenar las posibilidades de que dicho país sirva como santuario de Al Qaeda, es decir, de los terroristas que causaron, entre otras, la tragedia del 11-M. Lo que se ventila en aquellas montañas, tan lejanas, es en definitiva la seguridad del mundo occidental, que incluye la de España, y la defensa de nuestro modo de vida democrático, a los que el terrorismo islamista ha declarado la guerra. Es por eso por lo que no podemos desentendernos de la guerra de Afganistán -es una guerra, aunque el presidente del Gobierno prefiera decir que allí hay un "escenario bélico"- y por lo que, en consecuencia, debemos arrostrar el sacrificio de nuestros soldados y guardias civiles allí destinados y el coste enorme que ella supone para el erario público. Distinto es que España pueda plantear, con toda legitimidad, si el conflicto se encuentra en una fase peligrosa de estancamiento o si conviene cambiar de estrategia, pero ha de hacerlo en el marco de la próxima cumbre de la OTAN, que habrá de decidir. No caben decisiones unilaterales de retirada total o parcial. Los soldados profesionales que representan a España en la guerra afgana significan la forma en que nuestro país contribuye al esfuerzo común por la libertad y la seguridad. Es importante que esto se sepa, para evitar tentaciones aislacionistas, y que la mayoría del Parlamento respalde la acción del Gobierno en este sentido. Es parte del consenso nacional básico sobre política exterior y de defensa.