editorial

Alcaldada en el Parlamento

EL Parlamento andaluz dio anoche luz verde, gracias a los votos de PSOE e IU, a la toma en consideración de una proposición de ley que modifica la vigente legislación electoral para que los alcaldes no puedan ser también diputados autonómicos. Se trata de una iniciativa tomada por sorpresa por los socialistas a raíz de su estruendosa derrota en las elecciones municipales de mayo, lo que hace sospechar de su auténtico propósito. Aunque plantea un debate interesante al pretender que los alcaldes se dediquen en plenitud a la gestión de sus municipios, la reforma no puede obviar el oportunismo con que se formula. En el pasado numerosos alcaldes socialistas de capitales de provincia y grandes ciudades han compatibilizado estos cargos con su escaño de parlamentario. Sólo ahora, cuando el PP es el partido que más alcaldes a la vez que diputados tiene entre sus filas, el PSOE se ha decidido, con el respaldo de IU, a promover esta incompatibilidad dudosamente democrática. De hecho, los alcaldes pueden ser también diputados en el Congreso, senadores y europarlamentarios, sin que el partido gobernante haya impulsado una iniciativa semejante para estos otros ámbitos de representación. Eso podría articular un debate general sobre el problema de las incompatibilidades en todos los parlamentos, sin alimentar la sospecha de una maniobra partidista que se cierne inevitablemente sobre la iniciativa que ayer adoptó el Parlamento regional. Es defendible que sea conveniente una dedicación exclusiva de los alcaldes a la gestión para la que sus vecinos los eligieron, pero en tal caso se impone una normativa global, sin excepciones a la carta. Tal como ha sido configurada, la reforma electoral en curso no puede desprenderse de su tufo partidista. El objetivo soterrado de este cambio legislativo no es otro que impedir que la popularidad de varios alcaldes del PP arrastre votos ciudadanos hacia este partido en las próximas, y decisivas, elecciones autonómicas o, en todo caso, obligarles a dimitir para poder acusarles de abandonar a sus electores. Es una trampa.

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