Una vez que están a salvo, el Gobierno tiene la obligación de explicar cómo se ha logrado la liberación de los dos cooperantes. Porque los ciudadanos tenemos derecho a saber si es cierto que España ha pagado ocho millones de euros por el rescate. Y si es cierta o sólo propaganda la alegría de los terroristas tras cobrar el botín que, a cambio de dos vidas, compromete muchas más al darles recursos para que sigan secuestrando y matando. Y si tiene fundamento o es pura propaganda el comunicado de Al Qaeda, tan bochornoso para nosotros si responde a la verdad, en el que los terroristas se permiten felicitar al Gobierno y los servicios secretos españoles diciendo que su actuación -acceder a las peticiones de los secuestradores- "es una lección para la clase política".

Concretamente el comunicado de los fundamentalistas dice: "Gracias a Dios los muyahidines han encontrado una solución positiva sobre el asunto de los españoles retenidos (…) que ha acabado (…) con su liberación, tras habernos sido concedidas algunas de nuestras peticiones. Y es una lección dirigida a los servicios secretos franceses para que lo tengan presente en el futuro. Tuvieron posibilidad de actuar con cabeza y responsabilidad con  los muyahidines. También tuvieron la posibilidad de haber evitado la locura y el enfado que llevó a la muerte de sus propios ciudadanos. Es para que sepa la opinión pública que nosotros somos las víctimas a las que hacen daño. Porque las cárceles de los cruzados están llenas con miles de hermanos musulmanes inocentes, y la comunidad musulmana tiene que pedir con fuerza y por todas las vías posibles su liberación". 

Urge que el Gobierno aclare estas cuestiones, que ratifique o desmienta el comunicado de los terroristas, que afirme o niegue si ha pagado el millonario rescate y que aclare si la postura de España respeta o no la resolución 1.904 de la ONU, aprobada el pasado mes de diciembre, sobre la prohibición de pagar rescates a organizaciones terroristas y las sanciones a los estados que lo hagan. "España no paga rescates", dijo el ministro de Exteriores tras la ratificación de dicho acuerdo, durante la cumbre hispano-argelina celebrada un mes más tarde. ¿Mintió? Nunca lo sabremos. Todas las peticiones aquí realizadas son pura retórica. El Gobierno jamás confesará una ilegalidad que vulnera disposiciones de la ONU. Nunca sabremos si el comunicado de los terroristas es verdad o propaganda. Tal vez ni tan siquiera llegue a saberse allí dónde debe saberse todo: en la Comisión de Secretos del Congreso. Y la sospecha empañará la alegría de la liberación.