Análisis

Rafael Salgueiro

Andalucía, ERE lo mejor del mundo

Con este escándalo, ojalá se caiga la fachada de la ejecución del gasto público en Andalucía, amparada en el presupuesto, pero que no sigue lo que dicta la Constitución: programación, equidad, economía y eficiencia

PRÓXIMOS a celebrar San Andalucía vamos conociendo el funcionamiento de unas ayudas públicas que están dejando atónitos a quienes no estaban en la pomada. Sabemos cómo se adoptaba la decisión, cómo se articulaba el pago y cómo se incluía a los intrusos y a los figurantes. No es de esperar que vaya a haber ya grandes sorpresas de fondo, salvo en lo que se refiere a conocer cuáles han sido las empresas beneficiarias de una "subvención tipo ERE" (pintoresca denominación que le grabaron al ex director de Mercasevilla) y a descubrir nuevos beneficiarios indebidamente incluidos en una póliza.

De momento ya tenemos un muestrario completo de los actores de esta tragicomedia. Conseguidores bien relacionados con los sindicatos y la Junta; avispados comerciales de entidades aseguradoras; sindicalistas y políticos que se habían quedado injustamente a la intemperie tras tantos años de servicio a la sociedad; mineros a quienes todo les es debido por el hecho de serlo; trabajadores que reclaman que la Junta les proporcione soluciones que ya no se estilan ni en Cuba; un alto cargo -mucho más competente de lo que parece- al que le ha traicionado la zoología y dos Consejeros que como no eran los firmantes de las resoluciones no se enteraron en qué se gastaba su presupuesto ni cómo se acallaba el problema laboral o empresarial que ocupaba los titulares durante días.

Tampoco han faltado los políticos orgullosos de haber solucionado el problema de trabajadores desamparados, gracias a su esfuerzo personal y a la orientación social del partido gobernante (y al dinero de los contribuyentes). Menos mal que ha habido funcionarios que advertían de la irregularidad del procedimiento, pero con poco éxito. ¿Cómo le iba a preocupar a los Raskolnikov de las prejubilaciones que el medio fuera inadecuado cuando la bondad social del fin lo justificaba?

No es una novedad que la administración arbitre ayudas para favorecer a determinados colectivos de trabajadores, permitiendo que la extinción de sus contratos no tenga un impacto grave en sus rentas hasta el momento de su jubilación definitiva. En el pasado se facilitaba el acceso a la condición de incapacidad permanente, pero este camino se ha cerrado. En su lugar la administración andaluza, y otras casi seguro, desplegó un instrumento financiero que consistía en la aportación a un fondo con el cual, con ayuda de su capitalización, se complementaban las prestaciones de jubilación de los trabajadores salientes, que se comenzaban a percibir una vez agotada la prestación por desempleo a la que tuvieran derecho.

Está claro que hay un serio peligro de atentar contra la equidad, uno de los principios que rigen la gestión del gasto público, por eso el procedimiento debe ser transparente, aunque sea excepcional, y ha de estar adecuadamente intervenido. Si no es así resultarán beneficiados los trabajadores de las empresas con más visibilidad, más tamaño, más influencia sindical o capacidad de armarla, pero no los empleados o empresas en las que hubiera sido más útil una actuación discriminada de este tipo. Serían éstas las firmas con más posibilidad de sobrevivir tras el ajuste -una de las justificaciones de este proceder- y serían aquéllas las personas con más carga familiar, con menos ahorros o con más dificultad objetiva para encontrar un empleo en un radio algo mayor que el de su término municipal de residencia, lo que constituye la otra posible justificación. No se me ocurre ninguna más que no esté relacionada con el interés político, no el de la Institución, sino el del partido en el Gobierno.

Se querrán justificar los ERE irregulares -lo son todos ellos desde 2001, tengan o no tengan bicho- aludiendo a los andaluces favorecidos y a las empresas que han podido continuar su actividad. Pero todavía no sabemos cuántos son, ni siquiera los regulares, ni qué efecto han tenido en la vitalidad de las empresas, aunque ya sabemos que han servido para "rejuvenecer" la plantilla de Mercasevilla en 2003; para jubilar a todos los que tenían una edad igual o superior al miembro más joven del comité de empresa en Minas de Río Tinto; para salir lateralmente del compromiso de colocación en Delphi; para solucionar el problema de una empresa corchotaponera del norte de la provincia de Sevilla; para aligerar Cárnicas Molina antes de venderla, después de que los sindicatos lograran que la Junta la incautase, o poco menos. Se han aplicado en Egmasa, para facilitar la salida de efectivos del PER forestal (el Plan Infoca, para entendernos). También se han empleado para aliviar el desastre de Santana, que se agravó definitivamente cuando Suzuki se marchó desesperada por la baja productividad de la fábrica y porque no se le concedió una subvención para fabricar allí un nuevo vehículo. Huelga decir que las medidas laborales y los intentos industriales han costado mucho más, y no hemos terminado todavía. "Es incalculable" ha dicho la Agencia IDEA sobre la cuantía de los fondos utilizados en la salvación de Santana, lo que podría dar pie a un nuevo lema apropiado para estos manejos presupuestarios: "Andalucía Incalculable".

Se han querido evitar las acusaciones aludiendo a que todo estaba bien claro en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Pues sólo faltaría que se incumpliese también el principio de universalidad, que exige que se presupueste la totalidad del gasto. El problema es que su ejecución se enmascaraba bajo la forma de transferencias para financiar el funcionamiento del IFA y luego de IDEA. Lo cierto es que la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz recibía menos información sobre estos dineros que la que el Gobierno proporciona a la Comisión de Gastos Reservados del Congreso.

Espero que con los ERE se caiga de una vez la fachada de la ejecución del gasto público en Andalucía, formalmente amparada en el presupuesto, pero que no sigue como es debido las prescripciones de la Constitución: programación, equidad, economía y eficiencia. Que ¿dónde están estas prescripciones? Justo a continuación de la disposición que faculta a Leviatán para apropiarse de una parte cada vez mayor del dinero de los ciudadanos, todo ello en el art. 31CE. Ninguna de esas obligaciones ha sido respetada y no cabe duda que son vinculantes, por si alguna altacarga de la Junta quisiera ponerlo en cuestión (escrita sea esa expresión en honor al lenguaje no sexista).

En definitiva, la historia de una degeneración. Y es que el "ser determina la conciencia", como decía Marx, el serio. Por eso algunos han terminado por aceptar que "EREs lo que comes".

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