La tribuna

Angel B. Gómez Puerto

Andalucía, julio de 2010

EL Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, realizado por el Centro de Análisis y Documentación Política Electoral de Andalucía (dependiente de la Universidad de Granada), acaba de publicar una amplia radiografía sobre la opinión de la ciudadanía andaluza sobre una serie de cuestiones políticas, institucionales y sociales que nos afectan directamente.

Respeto a la cuestión política, tiene mucha importancia que mi compañera de Paralelo 36, y máxima responsable del andalucismo, Pilar González, sea la segunda dirigente política mejor valorada de toda Andalucía, lo que supone un reconocimiento a un trabajo constante, estando atenta a los problemas reales de los andaluces, y podría significar un impulso en su carrera hacia la Alcaldía de la capital hispalense. No obstante, la fuerza política a la que pertenece no acaba de despegar en los estudios electorales, que siguen reflejando un esquema parlamentario a tres bandas, en la que el partido más votado sería el Popular, aunque se abriría paso, según estas previsiones electorales, un hipotético gobierno de coalición entre el Partido Socialista e Izquierda Unida.

Otro elemento muy importante es la buena valoración que recibe una institución clave para el desarrollo democrático, para la garantía de los derechos y libertades constitucionales de los andaluces, como es sin duda el Defensor del Pueblo Andaluz, comisionado del Parlamento de Andalucía. Es éste un dato que denota madurez democrática, pues, la ciudadanía opta cada vez más por acudir a una institución independiente para reclamar la efectividad de los derechos y libertades consagrados en el título I de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Un tercer elemento a destacar de ese estudio es que los andaluces situamos al paro como el principal problema de nuestra tierra, con un 88%, seguido de la situación económica (49%), la política (23%), la educación (18%), la inmigración (15%) o la vivienda (13%).

Podemos observar que la política vuelve a aparecer como problema ciudadano, lo cual es un dato desde el punto de vista democrático y constitucional bastante preocupante. Ante estos nuevos datos, vuelvo a insistir en impulsar medidas de reactivación democrática, que se exponen a continuación.

El pueblo andaluz tendría que tener la oportunidad de ser llamado a las urnas de forma autónoma, para ejercer su soberanía de forma independiente, eligiendo a sus representantes sin ser interferido por debates políticos nacionales, locales o europeos. En este sentido, Andalucía necesitaría más riqueza y variedad democrática. No tendríamos que resignarnos a un esquema tan simple de representación democrática institucional. La ciudadanía andaluza es mucho más participativa y esto ha de reflejarse también en los espacios políticos. Para este crucial objetivo democrático, son necesarios nuevos espacios de pensamiento y de acción de carácter político.

Andalucía tiene que plantear de forma seria que tiene un grave problema de desarrollo económico, que sufre como nadie el paro y las consecuencias más desastrosas de la crisis de un modelo andaluz basado hasta ahora casi exclusivamente en el sector de la construcción. Hemos de cambiar el modelo de crecimiento. Hemos de poner en valor sus valores medio ambientales, como uno de sus elementos diferenciadores, y como uno de los contenidos esenciales y limitadores de nuestro modelo de desarrollo económico territorial.

Necesitamos una ciudadanía más formada y más consciente de nuestras propias posibilidades, más comprometida con el desarrollo democrático profundo de nuestro sistema institucional, más exigentes con el ejercicio de las altas responsabilidades de nuestros representantes, para que de verdad practiquemos el ejercicio democrático cada día y no cada cuatro años.

Elemento importante es para Andalucía el poder local, más competencias y recursos para nuestros ayuntamientos, y menos poder centralizado en las instituciones autonómicas. La razón es clara: es la administración más cercana al ciudadano y la que atiende en primera instancia cada vez más problemas. Ya ha sido aprobada en el Parlamento de Andalucía la importante Ley 5/2010 de Autonomía Local para Andalucía, que ha de significar un gran avance en la construcción de la democracia local en Andalucía.

Por último, Andalucía es la comunidad autónoma más poblada, con el 18% del total de la población del conjunto del Estado, razón objetiva para ser grande también en la definición de las grandes políticas de Estado. Ha de ejercer esta mayoría en población también en el sistema institucional. Es también la comunidad autónoma que aporta más representantes en la conformación de la soberanía nacional. Nuestros representantes en el Congreso de los Diputados debieran hablar más de Andalucía en Madrid, para procurar el avance de nuestra tierra.

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