PARECE que la crisis es como la Meiga, que "existir non existe, pero haberla haila." En el sector inmobiliario, la situación empieza a adquirir el sustantivo de grave. Muestra de ello es que la producción de viviendas nuevas en este ejercicio se va a situar en torno a las 200.000 unidades, contando asimismo con un parque pendiente de venta que, a finales de 2007, estaba cifrado en 600.000 viviendas. Vivimos indudablemente una profunda alteración en la demanda de vivienda, ya que la retracción de los compradores se sustenta en la inseguridad laboral, la incertidumbre macroeconómica y la situación del crédito, donde la restricción alcanza valores que son vertiginosos.

En este sentido, el crédito, cuya calificación se ha endurecido hasta rechazarse siete de cada diez operaciones propuestas, se manifiesta en que hay entidades que están sencillamente cerradas a todo tipo de financiación, sin que acepten el estudio de ninguna operación de renta libre y asumiendo con muchas trabas los proyectos de vivienda protegida. Se debe añadir, en este sentido, el cierre casi total de las líneas de descuento de efectos para industriales. Y a todo ello hay que sumar que el parque no vendido se corresponde, mayoritariamente, con un tipo de producto que dista mucho por precio de las necesidades reales de los compradores.

Con este panorama, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿Está realizando el Gobierno un diagnóstico correcto de la situación real? ¿Se le está comunicando al paciente cuál es su patología para que colabore en el tratamiento? La respuesta es no. Entre tanto, se está agravando la crisis en el sector de una forma dramática. Y la situación cada vez se asemeja más a lo vivido en la década de los setenta. Los problemas del sector son estructurales, no coyunturales, y su impacto sobre el conjunto de la economía exige que las medidas tengan esa naturaleza estructural. El primer paso debe ser hacer pública la gravedad de la situación y buscar un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, reeditando pactos de Estado que ofrezcan solidez en las medidas a adoptar. Es necesario revisar los mercados de telecomunicaciones, energía y trabajo, así como la condición jurídico-política de las cajas de ahorros; incentivar la formación y la investigación, a fin de promover una mayor diversificación productiva; afrontar una política fiscal de estímulo mediante un gasto público contenido, orientando la inversión a las infraestructuras de comunicación y rebajando la presión fiscal a las familias.

Asimismo, debe iniciarse la segunda descentralización a favor de los ayuntamientos y, por encima de todo, potenciar la productividad y la eficiencia del tejido económico del país, con especial incidencia en la Administración publica, dado el peso que tiene ésta en la economía y lo que representa su acción en el dinamismo del sector privado. La inacción del Gobierno y de la oposición, así como la falta de un diagnóstico acertado de la situación, está llevando a que exista más preocupación por determinados términos del diccionario que por la economía real que afecta al común de las familias, haciendo de 2008 un annus horribilis para este país, que puede llevarnos a un nivel de conflictividad y precariedad económica como no se recuerda en décadas.