HA sido una semana de euforia en los mercados, tras el acuerdo del BCE de comprar de deuda pública en los mercados secundarios. La sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania aprobando la legalidad del Pacto Fiscal Europeo y de la participación de Alemania en el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEDE) ha fortalecido las expectativas de sostenibilidad de la deuda pública, así como de la irreversibilidad del euro. El broche de la semana lo ponía la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), anticipando una nueva megainyección de liquidez de 40.000 millones de dólares mensuales, sin límite de tiempo ni cantidad, además del mantenimiento de las operaciones de reconversión de deuda, de corto a largo plazo y el mantenimiento de los tipos de interés entre el 0 y el 0,25 %, hasta que se recupere la economía, y no antes del 2015. La FED es un Banco Central de otra galaxia. Prioriza el empleo sobre la inflación, e inyecta liquidez sin límite mediante compra de deuda pública y de activos financieros privados. Mientras tanto, el BCE mide sus pasos y limita sus compras a la deuda pública en los mercados secundarios, exigiendo la petición formal de rescate, condicionada a un programa estricto de recortes y reformas estructurales. El BCE se esfuerza en llegar hasta el límite que le permiten sus estatutos, con la oposición y bajo la vigilancia del Bundesbank. La prohibición de que el BCE financie directamente a los gobiernos, le impide acudir a la compra de emisiones en mercado primario, neutralizando (esterilizando) la liquidez inyectada. Dos paradigmas antitéticos para una misma realidad: luchar contra la recesión y la destrucción de empleo, contra estabilidad de precios. ¿Cuál es el paradigma acertado? El tiempo lo dirá.

Los Gobiernos están magnificando el poder de los bancos centrales. Incapaces de afrontar el costo político de los ajustes y las reformas estructurales, trasladan su responsabilidad a los bancos centrales, obligándoles a llegar al límite de sus mandatos, cuando no sobrepasarlos. ¿Acaso la política monetaria es suficiente para garantizar la salida de la crisis?. Me temo que no. A pesar de las megainyecciones de liquidez de la FED, y en menor medida del BCE, el desempleo permanece estancado en EEUU y creciendo en la Unión Monetaria Europea. Por otra parte, está demostrado que las megainyecciones de liquidez tienen cada vez menos eficacia en términos de crecimiento y mayor riesgo en términos de inflación.

La política monetaria, por si sola, no nos va a sacar de la crisis y puede conducirnos a medio plazo a un escenario de inflación con estancamiento. Algunos analistas dirán que gracias a la expansión monetaria hemos evitado lo peor, la depresión. Es posible, pero no hemos conseguido reactivar el crédito, la inversión y la producción. Y esto es porque no se trata solo de un problema de liquidez, sino de solvencia de los bancos, de las empresas y de las familias. La liquidez tampoco resuelve los problemas del altísimo endeudamiento del sector privado y público, origen de la crisis, así como los de competitividad. En todo caso, es ganar tiempo para que los gobiernos acometan, con rigor, sus planes de reducción del endeudamiento público y privado y las reformas estructurales.

El problema surge cuando estas políticas expansivas llevan a los gobiernos al retraso y la relajación de los planes de ajustes de la economía real, pública y privada, como ha ocurrido en España e Italia en los últimos cinco años. Es más, pienso que el BCE está asumiendo un protagonismo político que no le corresponde en democracia. Constituye un déficit democrático y una dejación de los gobernantes trasladar al BCE la responsabilidad de determinar e imponer las políticas de ajustes y reformas estructurales, como justificación de una política monetaria, que en todo caso, está dentro de los estrictos límites de su mandato. Hace tan solo unos días Mario Draghi exponía ante el Parlamento Europeo las reformas que debe acometer Europa en su proceso de integración bancaria, presupuestaria, económica y política. La falta de liderazgo y la negligencia de nuestros gobernantes europeos están elevando al BCE al rango de máximo poder político, cuando es un órgano tecnocrático, sin ninguna base democrática. Las grandes decisiones deben de proponerse por los gobiernos democráticos y decidirse por sus parlamentos.

En este peligroso proceso la excepción es Alemania, cuyo Tribunal Constitucional vela, como hemos podido comprobar en los últimos dictámenes, porque las grandes decisiones sean previamente aprobadas por su parlamento, el Bundestag. No es este el caso de España, cuyo Parlamento siempre va a la zaga de las decisiones tomadas por el Gobierno e impuestas por Europa.

La crisis europea, antes que económica es fundamentalmente política. Han sido cinco años perdidos, sin rumbo ni liderazgo político, con una asimetría creciente entre los países del norte y del sur. Las políticas de austeridad impuestas por Alemania, bajo el paradigma de la autoridad expansiva, han fracasado. Nos enfrentamos a una crisis de deuda de dimensiones desconocidas en la reciente historia, cuya salida implica la cooperación de los países acreedores, que otorgaron la financiación y asumieron riesgos excesivos, y de los países deudores que la recibieron. Pretender que el ajuste recaiga solo sobre los países deudores implica condenarlos a una prolongada recesión. No obstante algo está cambiando en la Unión. Alemania, lentamente, está flexibilizando su dogmatismo y comprendiendo que, en el caso de ruptura del euro, la más perjudicada sería su propia economía. A partir de la Cumbre Europea del mes de Junio se ha empezado a distinguir entre lo urgente, los problemas de financiación del sur de Europa, y lo importante a largo plazo, la integración fiscal, política y económica. En este sentido la creación del futuro fondo de rescate (MEDE) y la decisión del BCE, del 6 de septiembre, comprometiéndose a comprar deuda pública sin límite, renunciando a su prioridad sobre los inversores privados y exigiendo condiciones estrictas a los países que soliciten su ayuda supone un cambio fundamental en las políticas a corto plazo.

superviviencia del euro

Tras la decisión del BCE, ahora la responsabilidad recae exclusivamente sobre el Gobierno Español, que debe de decidir si solicita el rescate. Las presiones europeas e internacionales para que aceptemos el rescate son muy fuertes. España es la línea Maginot de Europa. Lo que está en juego va más allá de la economía española, se trata de la supervivencia del Euro y del crecimiento mundial.

Si los mercados financieros permanecen cerrados, España inevitablemente tendrá que pedir el rescate. El tiempo de que dispone nuestro gobierno no es para reflexionar sobre si o no, sino más bien para negociar las mejores condiciones posibles. Mariano Rajoy tiene la oportunidad de anticiparse, negociar y proponer el calendario de ajustes y reformas pendientes, incluyéndolos en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2013, que debe de presentar a finales de octubre. Dilatar la decisión aumentará el costo del rescate. Sabemos lo que cuesta la estrategia de dilación en términos de mayores primas de riesgo, lo hemos podido comprobar con la interminable reforma bancaria y el inevitable rescate financiero. Caer en la tentación de pensar que la prima de riesgo ya ha bajado a niveles sostenibles, y que por lo tanto no necesitamos ayuda, sería un gran error. Con los mercados no se puede jugar, y menos cuando somos reincidentes. Nos conocen y no se fían.

Es muy probable que el Gobierno español, consciente de que el rescate es inevitable, se informe de los nuevos ajustes y condiciones que nos piensa exigir el Eurogrupo, y se anticipe, anunciando las nuevas reformas y el calendario preciso que nos va a exigir Bruselas y Francfort, previamente pactado. La reunión en Nicosia del Eurogrupo es una oportunidad. De esta manera el Gobierno se podría anticipar anunciando unas reformas y calendarios coincidentes con las futuras exigencias europeas. El Gobierno podría proclamar que no hay nuevas condicionalidades, que tan solo se nos exige que cumplamos con los objetivos que voluntariamente nos hemos impuesto. Se trata de reducir al mínimo el costo político del rescate, en términos de cesión de soberanía. El anuncio de Luis de Guindos, de nuevas reformas para finales de mes de septiembre estaría dentro de esta estrategia.

El Gobierno tiene de plazo hasta la Cumbre Europea de 18 y 19 de octubre y no sería conveniente posponer la decisión. Los mercados financieros volverían a desconfiar de España y viviríamos nuevamente al borde del precipicio. España está ya, de hecho, rescatada, se trata de anticiparse, negociar y proponer las mejores condiciones y plazos posibles, que impliquen el mínimo costo para los contribuyentes. Los ciudadanos, si se les explica, estarían dispuestos al sacrificio que se les exige, pero no antes de que el Gobierno acometa la gran reforma que todos estamos esperando: la del adelgazamiento y racionalización de la Administración Central y Autonómica, es decir, de su propia casa. Para los ciudadanos no tiene justificación, política ni social, que se sigan aumentando los impuestos, recortando la educación y la sanidad, o reduciendo los salarios, sin que previamente no se reduzca una administración y empresas públicas sobredimensionadas, duplicadas e ineficientes, cobijo de la clase política y de su red clientelar.