EL déficit agregado para todas las Administraciones Públicas en 2011 ha vuelto a convulsionar a los mercados. La desviación de 2,5 puntos (del 6% al 8,5%) hace de todo punto imposible cumplir para este año el límite del 4,4%.

La desviación equivale a un agujero de 25.000 millones. El recorte inicial dado por el Gobierno al presupuesto de este año de 15.000 millones no alcanza ni para cubrir el déficit del anterior. Con toda seguridad, el Ejecutivo presentará unos nuevos presupuestos la última semana de marzo, una vez celebradas las elecciones andaluzas. Pero por elevado que sea el recorte, no se podrá cumplir el déficit previsto por Bruselas. Reducir 40.000 millones en un solo año con una economía que está entrando en recesión, es imposible.

Como hemos comentado en otras ocasiones, una corrección al alza de los objetivos de déficit es inevitable. Y sin una recuperación de la actividad económica que se pospone para el año próximo, también resulta inevitable continuar con el recorte del gasto público -aunque a un ritmo menor del previsto por Bruselas-. Éste no sólo es imprescindible para la sostenibilidad de la actividad a medio plazo, sino también para generar credibilidad. En otro caso, correremos el riesgo muy real de hundirnos en una crisis como la griega, en donde la incapacidad política de los gobiernos ha provocado, finalmente, una perdida de soberanía.

En nuestro caso, la Administración Central redujo su déficit en un 0,6%; debería haber sido un 0,9%. Pero fue la única, junto con las corporaciones locales, que de manera efectiva redujo el déficit. Una Administración que ha heredado casi todo el déficit del Estado (a las autonomías no se les ha transferido déficit, sino competencias e ingresos públicos vía impuestos), que financia el ejército más pequeño del mundo occidental, que mantiene también uno de los servicios exteriores más reducidos y que ha recortado la inversión en infraestructura al mínimo, no puede hacer mucho más.

Las comunidades han generado las dos terceras partes de la desviación. Una prueba de la fuerte inercia del gasto lo muestra el hecho de que sólo Madrid ha cumplido con el objetivo del -1,3%. Incluso el País Vasco y Navarra, con un privilegiado sistema de financiación, la desviación ha sido también mayor que la pactada. Sólo siete comunidades redujeron globalmente el pasado año el déficit de manera significativa.

Estas dificultades financieras no sólo están provocando enormes problemas de financiación, sino que están arrastrando al cierre a miles de pymes que no reciben pagos por las deudas de las administraciones.

El método utilizado por la mayoría hasta ahora de esperar a que la economía remonte es insuficiente. Como no podemos quedarnos sin ejército ni servicio exterior, no quedan muchas opciones si continuamos con la actual inercia. Necesitamos un acuerdo, que sea lo más inclusivo posible, en esta situación casi de emergencia, para actuar sobre el 30% de gasto público. En el caso de las comunidades es el que se encuentra fuera de la sanidad y de la educación y, en el de las corporaciones locales, se refiere al gasto sobre el que no tienen obligaciones legales de ejecutarlo. Si continuamos con esta inercia, vendrán días peores que pueden obligarnos a llevarlo a cabo de manera desordenada, a última hora y cuando la credibilidad como país sea de difícil recuperación.