COMO ustedes ya saben, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictaminado que mantener calles con nombres de terroristas no constituye delito. Así lo acordaron por unanimidad los 17 magistrados al asumir la tesis de su presidente, Javier Gómez Bermúdez, quien estima que según el artículo 25 de la Constitución no puede ser castigada una conducta que no era delito en el momento de los hechos. El resultado inmediato es que seguirá honrándose a los terroristas en pueblos y ciudades del País Vasco, pueden reponerse los rótulos retirados y se archivarán las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia contra los alcaldes y corporaciones municipales del País Vasco que en sus localidades conservan calles que homenajean a etarras. En mi modesta opinión son precisamente la dignidad y la justicia las que han salido malparadas con esta resolución absolutamente legal, y por lo tanto de obligado acatamiento, pero opinable como lo es toda decisión u obra humana (salvo que en España la Justicia se deslice hacia la teología dogmática). Que no sea delito no quiere decir que no sea una infamia, una ofensa a las víctimas y una aberración ética que en un estado democrático haya calles dedicadas a terroristas.

No puede dejar de llamar la atención que coexistan una ley como la de la Memoria Histórica, que obliga (justamente) a borrar todo rastro de protagonistas o propagandistas de una dictadura cuyos crímenes más recientes tienen 33 años y los más remotos 72, y una interpretación de la Constitución que permite que se homenajee a los etarras, que siguen asesinando hoy, si las calles o plazas que se les dedicaron se rotularon antes de que fuera considerado delito hacerlo. ¿Y qué pasa con quienes hoy se niegan a retirar esos rótulos? ¿Incurren en lo que se tipificó como delito en el 2000?

Según este principio, y aplicando el sentido común en vez del legal, tampoco era delito dedicar calles y plazas a Franco y los suyos en el momento en el que se hizo. Y sin embargo se retiraron y se retiran, hasta arrastrando a quienes se les dio una calle por méritos que nada tenían que ver con el Régimen. No puede dejar de llamar la atención esta asimetría hipócrita entre el trato dado a los totalitarios de hace 33 ó 72 años y a los de hoy, a los asesinos de hace más de medio siglo y a los que siguen matando hoy, a un régimen liberticida liquidado hace tres décadas y a quienes siguen asesinando la libertad hoy. Este país parece éticamente senil y por ello, como tantas veces sucede en la ancianidad, dado a conservar una viva memoria de lo remoto y olvidar lo reciente.