LA gestión de lo público requiere transparencia y garantías de igualdad de los ciudadanos ante la Administración. La complejidad de su regulación ha dado lugar a una doctrina jurídica, el Derecho Administrativo, que incluso tiene un ámbito judicial propio, el Contencioso-Administrativo. Su origen, muy ligado a la cultura jurídica centroeuropea, se remonta a la intención de liberar a los ciudadanos de las arbitrariedades del llamado Antiguo Régimen, mediante unas reglas claras y conocidas, y procedimientos de apelación y litigación que se veían finalmente en tribunales especializados si era necesario.

En paralelo aparecen los funcionarios públicos, que son los encargados de elaborar y ejecutar las normas que derivan de las leyes de carácter general, especialmente las que regulan a las administraciones y al sector público, mientras que las decisiones políticas corresponden a personas u órganos elegidos o designados para ello. Los funcionarios deben, además, tomar las decisiones técnicas que correspondan, y que superan a las atribuciones de la persona u órgano político. Este diseño pretende evitar que los más pudientes abusen del Estado en su beneficio. La ausencia de una Administración, o su paralización, es el sueño de cualquier grupo de poder.

Una manera de lograrlo, que está empezando a ser preocupante en nuestro país, es acosar a las administraciones con pleitos, que cada vez más, se rematan con denuncias de carácter penal para atemorizar o chantajear a los denunciados. Esto por si suena la flauta, y además, porque si sucede, resulta más barato que otro tipo de pleitos dado que la Fiscalía se hace cargo de la acusación, es decir, los costes corren a cargo del erario público. La complejidad del mundo administrativo casi garantiza que al menos se abran las diligencias penales, dado que nada puede ser completamente descartado, lo que requiere la intervención de un juez.

Hace pocos días el rector de la Universidad de Sevilla publicó en esta misma cabecera una interesante reflexión titulada Prejuicios y perjuicios. En él, describía la cadena de pleitos contenciosos que el Colegio Oficial de Arquitectos de la Sevilla ha venido interponiendo contra Universidad de Sevilla en los últimos años, de carácter contencioso en general, y que ante sus reiterados fracasos, se remata con una denuncia penal por prevaricación administrativa por unos hechos que se remontan nada menos que al año 2008 y que llevan desde entonces bajo la tutela de los tribunales contenciosos.

Esta denuncia, destinada, en opinión del rector, a someter a la pena de exposición mediática a la propia Universidad de Sevilla y a sus empleados, ha cobrado relevancia por que uno de estos empleados, Antonio Ramírez de Arellano, resulta tener hoy importantes responsabilidades políticas, que está desarrollando de manera ejemplar, lo que añade el morbo de pretender asemejar este caso a la larga lista de corruptelas y fraudes que hemos padecido.

La evidencia es palmaria y nada tiene que ver este asunto con ninguna de aquellas cuestiones. Si hay problemas administrativos, hay cauces y medios para corregirlos, pero el punto de partida debe ser la confianza, como reclama el rector para los procedimientos de la institución y sus funcionarios y responsables académicos, y también la disponibilidad para aportar las aclaraciones que procedan, como reitera la Universidad de Sevilla.

El sistema judicial no está pensado para sustituir a la política. Sin duda algo habremos hecho mal para llegar a la situación en la que estamos, pero también empieza a resultar evidente que el tema se nos ha ido de las manos, no podemos poner todo lo que sucede en manos de la justicia. Los funcionarios deben poder actuar con independencia, seguridad y sin temor y en sometimiento pleno a la ley y al derecho. El bloqueo, las trabas, terminarán paralizándonos y nos saldrá muy caro; se nos puede quedar gente muy valiosa y necesaria en el camino y también pondremos nuestra sociedad en manos de los que operan perfectamente en ausencia de reglas: los poderosos.