EN la actualidad son pocas la pymes y autónomos interesadas en contratar con las administraciones públicas, en buena medida porque muchas de las que solían hacerlo se han visto obligadas a cerrar en los últimos tres años ante la imposibilidad de soportar la demora en el pago del sector público, que en muchos casos llega a superar los 500 días. En total 225.000 empresas que, según Cepyme, que presentaba el dato antes de las elecciones del pasado mes de noviembre, representan la mitad de todas las que han cerrado desde 2008 y el 13% del total de las empresas del país. Otras estimaciones apuntan que las facturas pendientes de pago por el estado, autonomías y ayuntamientos ascienden a 50.000 millones de euros, es decir, un 5% del PIB y más de la mitad del déficit público en 2011, aunque es posible que se trate de una estimación a la baja, puesto que ya se calculaban 40.000 millones cuando el traspaso de poderes de Solbes a Salgado, antes de los momentos de mayor asfixia, que vendrían con la crisis de la deuda soberana y la rebajas del rating. Es bastante probable, por otro lado, que los intentos del anterior gobierno para resolver la situación no consiguieran siquiera simplificar el trámite de reconocimiento de deuda, además de fracasar en su intento de canalizar a través del ICO los recursos para facilitar la liquidez a las administraciones necesitadas.

El nuevo Gobierno recurre también al ICO, aunque con un nuevo enfoque, e introduce nuevos actores en la escena. Los detalles no se conocerán hasta después del Consejo de Ministros de mañana, aunque todo apunta a que una de las novedades será que ICO estará acompañado de los bancos y cajas que suscriban el correspondiente convenio con el Gobierno, lo que significa que no será necesario librar ninguna partida adicional de fondos, sino que los recursos serán aportados por las propias entidades. Otra de las novedades esperadas es que no serán las administraciones necesitadas las que reciban los fondos, sino el proveedor debidamente acreditado, lo que significa que bancos y cajas sustituirán a pymes y autónomos como acreedores de las administraciones públicas. En definitiva, un ingenioso mecanismo para conseguir más préstamos de los bancos, aunque disimulado en forma de descuento comercial de los créditos que mantienen las pequeñas y medianas empresas frente al estado. La principal ventaja es que no afectará significativamente ni al déficit público ni al nivel de endeudamiento, aunque es evidente que se sustituye a un acreedor sin costes financieros por otro que sí los va a cobrar, mientras que en el capítulo de inconvenientes habría que señalar, al menos, a dos de ellos. Por un lado, que el estado vuelve a dar una dentellada al reducido nivel de ahorro existente en el país, limitando todavía más el volumen de crédito que las entidades financieras podrán destinar al sector privado. Por otro, que la solución pretendida ignora, e incluso aproxima a la impunidad, la responsabilidad del administrador público, en evidente contraste con el rigor de la legislación con el incumplimiento de las obligaciones de pago, cuando se trata de un administrador privado.