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josé / aguilar

Autocontrol de la Policía

LA juez que lleva el caso de los mossos d'esquadra (policías autonómicos de Cataluña) implicados en la muerte de un empresario del ocio del barrio del Raval, Juan Andrés Benítez, de origen andaluz, ha mantenido la imputación por homicidio de los ocho agentes tras haber escuchado su versión del desgraciado suceso.

Lo malo -para los policías- es que existen testigos presenciales de los hechos y existe también un vídeo verdaderamente estremecedor en el que se oyen los gritos de dolor del empresario tendido en el suelo, que es golpeado violentamente por algunos de ellos mientras otros lo rodean y le sujetan. Benítez murió de una parada cardiorrespiratoria y presentaba, según la primera autopsia, fractura nasal, del pómulo y costillas y dos dientes rotos.

Los ocho imputados argumentaron que sólo se habían defendido, que la víctima se mostró muy agresiva y que con anterioridad había protagonizado una pelea callejera. Es lo que alegan siempre los implicados en abusos policiales. Los tribunales dirán, pero este caso vuelve a poner de manifiesto que una minoría de integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado no ha acabado de asumir su papel de guardianes del orden en una sociedad democrática.

Veamos. El Estado acapara para sí el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia. Sus representantes lo desarrollan con todo el respaldo legal y social. Pero se obligan a desarrollarlo dentro de ciertos límites. Le está vedada, por ejemplo, cualquier actuación que cause un daño mayor que el que quieren evitar. La proporcionalidad en el empleo de la fuerza es esencial. Los medios que el Estado les facilita no pueden ser utilizados a discreción, sino en función del objetivo perseguido. Si se trata de reducir a un individuo violento, hay que utilizar sólo la fuerza mínima suficiente para reducirlo, no toda la que se tiene.

Un delincuente, o presunto delincuente, ha de ser detenido por la Policía, claro está. Y una vez detenido, no tiene por qué ser apaleado. Algunos agentes olvidan esto. Se comportan como simples participantes en una pelea callejera, prevaliéndose de su condición de autoridad y de su mayor preparación e instrumental. Quizás no son conscientes de que la sociedad les dota de unos medios especiales a condición de que se autocontrolen. No están legitimados para reaccionar como individuos cualesquiera. Porque no lo son. Actúan en nombre del Estado.

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