EN una fase del ciclo económico distinta de la que ahora padecemos, en la que el crecimiento y la creación de empleo son positivos, la inflación reducida y el déficit y la deuda no experimentan aumentos no sostenibles, existe una estrecha correlación entre las características estructurales y las variables de coyuntura más significativas de una economía, y el coste de la deuda que emiten sus entes públicos. El coste está, en esas circunstancias, estrechamente relacionado con el rating que las agencias de calificación otorguen a los títulos de deuda que se emitan. Típicamente, entre el 0,1% y el 0,5% por cada escalón de la calificación.

Sin embargo, en los tiempos excepcionales en los que vivimos, esa relación entre coyuntura económica, calificación y coste de la deuda se rompe, al existir importantes elementos endógenos en la relación entre crecimiento y gastos e ingresos públicos, que son difíciles de separar. Una reducción del gasto o un incremento de los impuestos, mejoran la Hacienda del Estado, pero reduce el crecimiento del PIB y, en consecuencia, la base imponible sobre la que recae la recaudación. Lo hemos visto los días pasados en las subastas de deuda llevabas a cabo por el Tesoro, en las que los tipos se han reducido a pesar de la rebaja en la calificación por parte de algunas agencias.

Este desacoplamiento parcial entre calificación y coste de la deuda, nos está beneficiando al reducir los gastos financieros del Estado, permitiendo dedicar los recursos a otras partidas de gasto corriente o de inversión que tienen un impacto directo positivo sobre la actividad económica.

Sin embargo, los menores costes no sirven para encubrir la grave situación en la que nos encontramos en estos momentos. Están aflorando, poco a poco, la deuda de las comunidades autónomas permitiendo una cuantificación más real del déficit actual.

El Gobierno está buscando medidas que impidan una suspensión de pagos, de facto, por parte de alguna comunidad. Sólo Madrid, País Vasco y Navarra van a cumplir con los objetivos fijados para 2011. Y no existen soluciones mágicas. La concesión de créditos por parte del ICO, va a afectar negativamente a la calificación el Estado. No es gratuita.

El alargamiento de los plazos de devolución de los anticipos de cinco a diez años, también afectará negativamente a la calificación. Se presenta ya de manera clara el "problema del gorrón". Si pertenezco a un grupo y mis acciones le afectan, tengo un incentivo fuerte para no cumplir mi parte y que sea el grupo, colectivamente, el que pague el coste de mi falta de colaboración. En nuestro caso se trata de comunidades que están realizando ajustes para cumplir con los objetivos de déficit, frente a otras que están mostrando mucha mayor laxitud o que están ahora descubriendo la herencia recibida como rayana en la catástrofe, incluso con el peligro de no poder pagar el sueldo de los funcionarios.

Este es un momento en el que las comunidades autónomas deben valorar qué servicios son financiables para el bienestar y para el crecimiento y la creación de empleo a largo plazo.