editorial

Autonomías y racionalidad

EL líder político que diseñó el mapa autonómico de la España democrática, Manuel Clavero Arévalo, centró el pasado martes, 28-F, en estas páginas el debate que recorre, de un tiempo a esta parte, el Estado de las Autonomías: "A pesar de algunos excesos, no me arrepiento del café para todos (...) Ha fallado la actitud, a veces irresponsable, de algunas autonomías y la ausencia del Gobierno de la nación para ejercer mayores controles". El debate, legítimo y necesario, ya que han pasado más de treinta años desde que España se configuró desde el punto de vista territorial, oscila entre dos posiciones extremas, que se han sucedido casi sin solución de continuidad. Durante mucho tiempo se impuso como posición dominante la idea de que toda descentralización del poder político significaba, por sistema, un avance y un progreso, lo que ha llevado a debilitar el Estado central, al que se ha ido despojando de más competencias de las debidas. Desde hace años las ineficiencias, desajustes y excesos que ha generado este debilitamiento del poder central han dado origen a un fuerte movimiento a favor del rescate de competencias por el Gobierno de la nación en detrimento de las comunidades autónomas. Llevada a su último extremo, esta posición ha llegado a impugnar la existencia misma del Estado de las Autonomías. Es una actitud peligrosa, que no creemos asumida ni asumible por ninguno de los dos partidos mayoritarios. Lo que se requiere es que el Estado autonómico sea deudor de la racionalidad en su aplicación, es decir, que no se dupliquen organismos, que las administraciones central y autonómicas cooperen en beneficio de los ciudadanos, que ambas instancias se ajusten a los objetivos de austeridad y control del déficit público, que se presten los mejores servicios al menor coste posible y que se homogeneicen y coordinen programas públicos tan comunes como el calendario de vacunas, el tronco general de la enseñanza o las licencias de caza. Como señala Clavero, el Estado de las Autonomías sigue plenamente vigente, y así conviene que continúe, puesto que ha proporcionado al país el marco institucional que le ha permitido progresar más que nunca antes en nuestra historia. Lo único que necesita es revisar algunas actitudes y reestructurar algunas políticas que lo hacen más caro, burocrático y lejano al interés de la ciudadanía. Eliminados estos excesos, el modelo que consagró la Constitución de 1978 es el más válido para acoger a la España plural. Ninguna autonomía debe dar marcha atrás. Todas tienen que repensarse, y entre todos.

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