LOS ayuntamientos españoles están pegados a la pared. Su deuda histórica es ya de 6.000 millones de euros. Un billón de pesetas. Y sin embargo, emplean una cuarta parte de su gasto en cuestiones sobre las que no tienen competencias ni transferencias financieras, del ámbito social y cultural, seguridad ciudadana o protección civil. Lo explicaba en este periódico hace una semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), un municipalista que ha tomado el testigo de quienes desde 1979 han reivindicado con tanta insistencia como escaso éxito un reparto distinto de las cuentas públicas.

El primer Maragall (PSC-PSOE), cuando era alcalde de Barcelona reclamaba que la tarta presupuestaria se cortara en dos trozos para la administración general del Estado, uno para las autonomías y otro los ayuntamientos: 50/25/25. El segundo Maragall, camino de la Generalitat, cambió de dibujo, como si fuese Cruyff en el Barça, a un 4/3/3. (Y hay un tercer Maragall, que se ha abstenido en las elecciones de marzo). De la Torre reclama un 40/30/30, y pide un pacto local que saque de la penuria a los ayuntamientos. Y los acerque a la capacidad financiera de otras autoridades locales europeas.

Mientras en España un ayuntamiento se gasta 1.045 euros por habitante y año, en Francia, 2.067; en el Reino Unido, 2.765, y en Italia, 3.207. Parece escandaloso. Pero ninguno de estos países tiene una administración regional tan potente como la española. A veces, parece que se ha creado un nuevo centralismo. El reparto presupuestario real es: Estado, 47; autonomías, 40, y municipios, 13 por ciento. La Constitución española creó una nueva administración entre la estatal y la local, con dos inconvenientes. La anterior corporación intermedia, la diputación, se ha quedado sin función, pero gasta más que nunca, sobre todo en personal. Sus servicios podrían ser realizados por la administración periférica de la Junta. Así lo preveía, por cierto, el anterior Estatuto andaluz. Y los gobiernos regionales han recibido una montaña de transferencias y capital, que han acaparado sin ceder nada a los municipios.

Esta avaricia de las autonomías está asfixiando a los ayuntamientos, que tienen ahora un inconveniente añadido: la ley de estabilidad presupuestaria que limita el déficit, aprobada en 2001 por el Gobierno Aznar y desarrollada por el Ejecutivo socialista en noviembre. En paralelo, el nuevo Gobierno tendrá que negociar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Asunto complicado, porque uno de los principales contribuyentes netos, Cataluña, quiere pagar mucho menos, con lo que la financiación de Andalucía, primer receptor absoluto, se podría resentir. Y si al más goloso de los agentes institucionales le recortan sus transferencias, difícilmente podrá ser más más generoso con los ayuntamientos. Un embrollo difícil.