UNO de los temas más controvertidos en las discusiones académicas sobre los efectos del gasto público es el del impacto temporal que tiene sobre la actividad económica en términos de renta y empleo. Cuando se desencadena una crisis, se tarda cierto tiempo -entre tres y seis meses- en detectar sus síntomas inequívocos. Los gobiernos son también lentos en reconocerla. Finalmente, se decide adoptar medidas para combatir la crisis.

Pero adoptar medidas no significa que el impacto económico sea visible inmediatamente. Sólo cuando la empresa que ha solicitado un aval o un préstamo subsidiado lo obtiene, cuando la obra pública del ayuntamiento, comunidad o Estado se inicia o se rehabilitan las viviendas acogidas a algún plan de ayuda, es cuando la actividad económica recibe el impacto real del gasto del Gobierno.

En función de cuáles sean los instrumentos que se utilicen, ese retardo temporal variará. El sistema financiero distribuye las ayudas con rapidez si se trata de avales o préstamos subsidiados. Con mayor lentitud transmiten sus efectos reales las ayudas adicionales que se presten para I+D. Pero es en la obra pública donde el retraso es más relevante por el volumen de inversión involucrado.

El frenesí de gasto prometido por el Ejecutivo de Bush ha pasado el filtro de análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso. Del total comprometido y en fase de aprobación, sólo el 8% se ejecutará durante este año fiscal. Un 30% adicional lo hará el año próximo y el resto en 2011.

Este enorme retraso temporal en el impacto económico depara dos efectos negativos. Primero, que el gasto es necesario ahora para compensar el desplome de la demanda privada. Y segundo, cuando la mayor parte del gasto se ejecute, posiblemente la recesión haya acabado, pero la deuda pública ya se habrá emitido y puede incluso contribuir a un recalentamiento de la economía.

Ésta ha sido una crítica fundamental de los economistas más conservadores a las políticas de corte keynesiano que los gobiernos occidentales han aplicado desde la II Guerra Mundial. El problema no estriba sólo en las fases de reconocimiento y acciones antes mencionadas. También en el cumplimiento de requisitos formales para publicar las obras que se quieren ejecutar, organizar concursos, adjudicarlos, etc.

Ante circunstancias económicas excepcionales, hay que adoptar medidas excepcionales, incluida la modificación extraordinaria de todos esos requisitos jurídicos. En España, del total de ayudas aprobadas, sólo 8.500 millones están afectados a obras públicas, fundamentalmente de ayuntamientos. Esperemos que los concursos se adjudiquen todos antes de junio para que el impacto sea inmediato. Desconocemos la evolución de los planes acelerados de ejecución que prometió el Gobierno central, pero sí se echa en falta un mayor volumen de inversión en infraestructuras productivas para este ejercicio. Sólo las restricciones presupuestarias que va a imponer la explosión del gasto por ayudas al desempleo justificarían la falta de recursos adicionales para ese fin.