LOS ayuntamientos continúan reclamando, como hace años y con toda justicia, una Ley de Financiación que regule su situación, teniendo en cuenta las competencias que de hecho tienen asumidas, las necesidades que satisfacen y la inmediatez de la vida política municipal, que hace que a la primera puerta que acuda el ciudadano sea la del consistorio de su pueblo.

A los ayuntamientos lo que les faltaba era la crisis. En casa de la administración más necesitada ha caído la desgracia. Están para echar el cierre. No hay más que leer los titulares de prensa.

Tienen la garganta afónica los miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pidiendo una Ley de Financiación de las Corporaciones acorde con las tareas que efectivamente se desarrollan en el ámbito municipal. Sin embargo, hasta ahora no hay respuesta adecuada a este clamor.

Los municipios han ido tirando con las asignaciones presupuestarias anuales, que ni han sido generosas ni se han pagado con puntualidad; ahora el Gobierno ofrece el pago del remanente de 2007, como más adelante veremos.

La necesaria colaboración entre la Administración local y la autonómica o la estatal lleva a menudo al endeudamiento de las arcas municipales por la morosidad de aquellas administraciones. La asunción de competencias impropias (35% del total) por parte de los consistorios por la cercanía entre administrado y Administración, entre el pueblo y sus representantes locales, también ha provocado efectos perniciosos en las arcas municipales. Pero hasta ahora, mientras soñábamos ser una economía fuerte y próspera, mientras nos veíamos definitivamente instalados en la jauja alegre y confiada, nuestros ayuntamientos iban cubriendo sus necesidades con convenios urbanísticos, con la abundancia de ingresos por licencias de obra, con la recaudación generosa del variopinto Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) o con la plusvalía de los inmuebles.

En ese ambiente, las corporaciones locales se han relajado y hay que reconocer que han ido demasiado lejos en su optimismo. Se han creado servicios municipales costosos, en personal y medios, se ha cedido demasiado fácilmente a la demanda de servicios de los conciudadanos, porque es más grato y también más electoral acceder a mejorar la vida de los demás -en la esperanza de que siempre se encontrará una vía de financiación necesaria- que decir "no" a las múltiples demandas.

Ha habido, además, corrupción, pero pienso que eso es un capítulo aparte, claramente patológico, no vinculado a los motivos aquí expuestos. Este fenómeno no es exclusivo de la Administración local; en otros ámbitos también hemos visto cocer habas.

Y en esto llegó la crisis, o la desaceleración, o la inflación, o la recesión, llamémosle como queramos, pero estamos hablando de algo muy serio. Algo trágico para todos; la primera crisis en el mundo globalizado. Los expertos no saben cómo definirla, pero sus semblantes inquietan. Y sus efectos en todos los campos son preocupantes. También en el ámbito municipal.

Por una parte, la reducción de actividades urbanísticas consecuencia de los planes territoriales de las comunidades autónomas y, por otra, el descenso de la actividad económica en la construcción, derivada de la crisis, han afectado muy severamente a los ayuntamientos, que han visto reducidos sus ingresos vertiginosamente: Madrid un 20% de plusvalía, un 7% ICIO y un 12% por licencias; Sevilla el 50% del ICIO. Hay gráficos del desastre municipal cada día en los medios escritos.

Los ayuntamientos están ahora verdaderamente con el agua al cuello. No tienen medios para hacer frente ni al pago del personal, no tienen suficientes ingresos, ni con los alarmantes incrementos del IBI (Sevilla tiene, en términos absolutos, el IBI más caro de las 52 capitales españolas) ni, por supuesto menos aún, acudiendo a las llamadas multas presupuestadas -aquéllas que ya prevén que se impondrán por sanciones de tráfico y otras y que en su mayoría nadie recurrirá- y que representan algún nivel de ingresos, aunque por su cuantía se acercan más al chocolate del loro que a nada que se parezca a una fuente de financiación estimable.

Por si fuera poco, la Administración estatal se ha propuesto revisar a la baja la previsión de ingresos locales en los presupuestos para 2009. En la reunión del 31 de julio entre el Ejecutivo y la FEMP, que terminó, según la prensa, como el rosario de la aurora, el ministro Solbes quiso convencer a los representantes municipales de que este presupuesto era más generoso que los anteriores. Sin embargo, la FEMP recordó que los 1.000 millones de euros más que prometía el ministro eran atrasos pendientes desde 2007 (6,3%) y que, excluyendo esa partida, el presupuesto de 2009 se reducía en un 0,60% respecto al de 2008, lo que viene a significar que el presupuesto para 2009 decrecía en unos 700 millones de euros. Los alcaldes se preguntan si son ellos quienes van a pagar el pato de la crisis.

La Diputación Provincial de Sevilla, con objeto de paliar en algo las urgencias de los municipios de su área, fundamentalmente el pago de personal, anunció un Plan de Ayuda Financiera por un importe total de 8,72 millones de euros, que abarcaría a unos 45 de los 100 pueblos de la provincia. Sin embargo, pasan ya de 83 los municipios solicitantes, es decir, más del 83% de los pueblos de Sevilla necesitan ayudas frente a la crisis. Esto es ilustrativo del estado de ánimo en que se encuentran la mayoría de los alcaldes y concejales. Alguno ha llegado hasta la huelga de hambre.

Las comunidades autónomas tienen una dinámica de diálogo con el Gobierno central muy distinta a la de las corporaciones locales. En casos destacados, Cataluña y País Vasco aspiran a una negociación de tú a tú con el Estado y el resto, como Andalucía, lo tienen establecido en común con las demás, pero en todo caso la postura de fuerza que las comunidades tienen en estos ámbitos es sensiblemente superior a la de cada corporación local en la negociación de su financiación con el Estado.

La Administración local es la hermana pobre de la familia estatal y de ello sabe más de lo que quisiera la FEMP. Esta situación es políticamente muy curiosa porque no prima, como es habitual en nuestra democracia, la adscripción partidista, sino que se produce una aproximación más fácil entre lo que se entiende por Estado y las comunidades, a la vez que se percibe una desconfianza latente respecto a los pueblos y ciudades y eso parece estar reflejándose en todo el largo proceso de definición de los criterios reguladores de la financiación municipal.

A estas alturas, reconocer que estamos en crisis económica es una evidencia próxima al descubrimiento del Mediterráneo, pero precisamente en esta coyuntura resulta aleccionadora y estimulante la opinión del profesor Clavero Arévalo, cuando en un reciente artículo manifestaba que "el Pacto Local, del que tantas veces se ha hablado, es más urgente que la financiación de las comunidades autónomas."

Se hace necesario que el acuerdo de financiación sea de ámbito estatal y que se comprometan el Gobierno central, las regiones y los ayuntamientos, produciéndose traspasos financieros y habilitación de capacidad impositiva y cuantas medidas sean necesarias para que, salvando las diferencias, reciban las corporaciones locales el mismo trato que las comunidades.

En definitiva, ésa es la gran labor que debería empezar ya, mejor hoy que mañana, para que de una vez por todas aprendan las administraciones públicas la lección que puede y debe recogerse de esta situación. El problema es de estructuración de una financiación seria de la Administración local. Las crisis, hasta ahora al menos, son siempre coyunturales.