CADA vez son más quienes aceptan como algo natural el debate de la posible secesión, independencia o separación de una parte del territorio español. Algo al menos se ha avanzado: desdramatizar situaciones que simplemente hay que afrontar con cierta dosis de frialdad. Hace casi diez años, en 2003 y en esta misma Tribuna, dos colaboradores habituales escribieron al respecto de la cuestión nacionalista: "Hay que preguntarse si realmente no ha llegado la hora de llamar a las cosas por su nombre, sacando el debate de ese terreno indefinido del que hasta ahora sólo se ha beneficiado el nacionalismo. Plantear crudamente la cuestión requiere previamente que se esté realmente dispuesto a aceptar la posibilidad de tener que llegar, si las circunstancias lo exigen, a un referéndum de independencia, algo tabú hasta la fecha en la política española".

Referéndum. Tarde o temprano, me temo, habrá que convocar, aunque sea por la salud mental del resto de los españoles, aunque sea por centrarnos definitivamente en otras prioridades más perentorias, un referéndum de autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco. Pero esto no es tan sencillo como parece, ni siquiera desde el punto de vista jurídico. Sin violentar la actual Constitución es imposible emplazar a una consulta vinculante de ese tipo. Ni está contemplada ni es posible incardinarla en ella.. "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado", reza el artículo primero; y el segundo establece: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española". El tenor no admite interpretación. Así las cosas, solamente cabría abordar previamente el complejísimo proceso de reforma de la Constitución que establece el artículo 168, con mayorías cualificadas y referéndum posterior de ratificación. Esto es, el proceso independentista, salvo que se opte irresponsablemente por vías más expeditas, requeriría de dos consultas vinculantes: la primera para reformar la Constitución y posibilitar el referéndum; y la segunda para realizar la pregunta pertinente acerca de la independencia.

Los números. En los medios se habla, se escribe, sobre el enorme coste que para Cataluña, dicen, supondría la independencia; incluso algunos defienden que un Estado catalán sería económicamente inviable por varias razones entre las que se podría citar la hipotética salida de la Unión Europea, del euro, lo gravoso que sería mantener un ejército, un cuerpo diplomático, perder un mercado casi cautivo como el del resto de España, etcétera. Y qué, nos preguntamos otros. Parece claro que detrás de toda la tramoya secesionista descansa en buena parte lo que eufemísticamente se ha bautizado como el déficit fiscal: 16.000 millones de euros anuales; el 8% del PIB catalán destinado al fondo de solidaridad territorial y que desborda, se defiende desde Barcelona, lo razonable si se tiene en cuenta que Baden Wurtemberg, el land más prospero de Alemania, no aporta ni el 4% del PIB al equivalente germano. Pero si además de ese descarnado sentimiento de insolidaridad o fatiga, resulta que hay una pulsión sentimental mayoritaria que lleva al pueblo catalán a pedir la independencia, no confrontarla de una vez y tomar la iniciativa no parece la decisión más inteligente. Máxime cuando, al parecer, según los sondeos más recientes, las últimas encuestas, el porcentaje de catalanes que se declara abiertamente independentista no hace más que crecer y rebasa el 50%.

Algunos referentes. El año pasado, en Escocia, Alex Salmond, el líder del Scottish Nationalist Party, ganó con mayoría absoluta las elecciones regionales con el compromiso de convocar un referéndum para decidir sobre el futuro escocés. Parece que ese plebiscito puede llevarse a cabo en 2014, el setecientos aniversario de la batalla de Bannockburn, que hizo posible la independencia de Escocia durante los siguientes cuatro siglos. Londres ha decidido dar vía libre al mismo, primero por un claro respeto a los principios democráticos, y segundo, por no reforzar el cansino victimismo independentista. En Canadá, con la conocida cuestión de Québec, una primera consulta efectuada en 1995 con una pregunta verdaderamente farragosa arrojó un resultado de 50.58% a favor de continuar como miembro de Canadá. Con posterioridad, ya tras diversos discusiones jurídicas, la Ley de Claridad (Clarity Act) aprobada en junio del 2000 estableció de qué manera, en lo sucesivo, debía abordarse la cuestión secesionista y cuál debía ser el tenor literal de la pregunta a realizar. Quizá deberíamos aprender algo del pragmatismo sajón.

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