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José Aguilar

Banqueros imputados

ES pintoresco el despliegue exculpatorio que se viene desarrollando a raíz de la admisión a trámite por la Audiencia Nacional de la querella de UPyD, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción, contra Rodrigo Rato y otros 32 consejeros de Bankia y su matriz, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

De pronto algunos han descubierto el principio de la presunción de inocencia, la insoportable pena de banquillo que padecen los imputados sin condena firme y la todavía peor pena de telediario que les expone a la picota pública cuando todavía no han sido declarados culpables. Son los mismos que llevan años anatemizando a otros gestores y cargos públicos que sólo habían sido denunciados en la prensa o acusados por un adversario político.

Antes valía todo para estos enfermos de hemiplejía moral y política. Ahora ya ven con otros ojos la indagación judicial sobre sus amigos. La tachan de indiscriminada, pero la imputación no puede ser más precisa: afecta a los 33 miembros del consejo de administración de Bankia que pilotaron la fusión de la que nació esta entidad financiera y su salida a Bolsa. Aunque Rato es el más vistoso, también hay otros políticos del PSOE, PP e IU, empresarios y sindicalistas. Todos ellos, que se sepa, aprobaron unas cuentas según las cuales el cuarto banco español tenía unos beneficios de 304 millones de euros. Meses después ha necesitado un rescate de 23.000 millones y ha puesto en peligro a la economía nacional y a la propia España como país ante sus socios y acreedores.

Constituye un sarcasmo de marca superior que sea el riesgo que corre todo el sistema financiero español el pretexto empleado para rechazar la investigación de la Audiencia Nacional. Pretenden hacernos creer que lo grave no es que estos señores hayan, supuestamente, manipulado las cuentas de Bankia, favorecido a sus amigos y familiares e hinchado la burbuja inmobiliaria con sus inversiones, a la vez que acordaban retribuciones, prejubilaciones, indemnizaciones y seguros sustanciosos para sí mismos, sino que lo grave, gravísimo, inaceptable, es que los jueces les pidan cuentas.

El partido que gobierna con mayoría absoluta tampoco quiso que se delimitaran las responsabilidades políticas de la cúpula de Bankia a través de una comisión parlamentaria. De no ser por esta denuncia y su admisión nos habríamos quedado sin saber por qué los más de trescientos mil accionistas de este banco han perdido buena parte de sus ahorros y los contribuyentes todos han tenido que prestar la morterada de euros antes dicha mientras unos y otros sufren recortes considerables en sus condiciones de vida. Y querer saberlo no es venganza indiscriminada, sino justicia elemental.

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