LOS tesoreros de los partidos políticos suelen ser militantes de toda confianza cuya principal virtud es la discreción... hasta que dejan de ser de toda confianza y de comportarse discretamente. La confianza la pueden perder por algún suceso inesperado y la discreción la practican mientras no se les vuelve poco gratificante por culpa de ese incidente que no entraba en sus planes.

De Luis Bárcenas, senador y tesorero nacional del Partido Popular, desconfía ya medio partido y muchos de sus dirigentes, que perciben cómo avanza la causa judicial que le implica en la trama de corrupción del caso Gürtel y cómo él se aferra a su puesto a pesar de los ocho indicios de la Fiscalía en su contra (conversaciones telefónicas, testimonios, documentos e informe de la Agencia Tributaria) y del incremento de su patrimonio personal, insuficientemente explicado.

El recelo ha aumentado varios grados desde el pasado fin de semana, cuando se ha conocido que Bárcenas se ha llevado a su casa abundante documentación sobre las finanzas del PP y ha insinuado, en entrevistas y encuentros con periodistas, que dispone de informaciones supuestamente comprometedoras para algunos líderes de su organización, entre los que se cita a Esperanza Aguirre y a José María Aznar, éste en su versión de yerno de Alejandro Agag y en relación con la boda que le emparentó con el ex presidente. Aguirre y Aznar niegan temer nada e incluso suplican a Bárcenas que saque a la luz lo que quiera.

Hasta el silente Mariano Rajoy, siempre partidario de esperar a que escampe, debe andar mosqueado ante lo que de momento es sólo un amago de chantaje. Porque si el amago pasara a mayores, podríamos ver afectada la honorabilidad de personas individuales del PP, sí, pero también podría revelarse alguna irregularidad en la financiación del partido en todos estos años. ¿Quién puede saber lo que pasa por la cabeza, en precario, de Bárcenas? El mayor escándalo de financiación ilegal de un partido en la España democrática -la Filesa socialista- empezó por el cabreo de un contable despedido.

No hace falta insistir mucho en que, de producirse tal novedad, el caso Gürtel adquiriría una dimensión de escándalo nacional de imprevisibles consecuencias. Las comisiones cobradas por cargos públicos del PP de Madrid por favorecer a la trama de Francisco Correa serían una fruslería, y menos aún los trajes de Camps (inciso: el otro día escribí aquí, erróneamente, que el magistrado Flors había sido consejero de Justicia en Valencia; me disculpo), con respecto a lo que estaría en juego entonces.

Rajoy debe estar rezando para que el Tribunal Supremo impute a Bárcenas, momento en que éste dejará la tesorería y se aclarará si hay manta de la que tirar o todo es un asunto personal suyo.