UNA de las ideas más arraigadas en el discurso político andaluz es la de la eficacia de nuestras instituciones locales y autonómicas. Que la experiencia cotidiana de muchos andaluces en su trato con su ayuntamiento o con la Junta no avale esa idea, y los ciudadanos nos desesperemos ante una licencia que no llega, una beca que nos se paga a tiempo o cualquier otro de los mil retrasos habituales de esas administraciones, no empequeñece ni un ápice esa firme convicción, que hace que continuamente los políticos andaluces reivindiquen más competencias para los entes locales y autonómicos, mirando con cierto recelo cualquier iniciativa del Gobierno central y mucho más de la Comisión Europea, ese conjunto de burócratas que sólo piensan en Andalucía para intentar reducir las subvenciones del olivar.

Pues bien, mientras PSOE y PP se enredaban esta semana en su enésima pelea sobre las Cajas de Ahorros, la Comisión Europea ha dado muestras de que, en contra de los tópicos, pueden defender bastante bien los intereses de los andaluces. Así, ha publicado un informe (previo a la apertura de un procedimiento sancionador) sobre las prácticas irregulares de las empresas farmacéuticas para impedir la salida al mercado de medicamentos genéricos, impidiendo de esa forma la difusión de medicinas más baratas. En lo que llevamos de otoño, la Comisión ha abierto un buen número de procedimientos contra el Estado español, pero a favor de los españoles: por el exceso de publicidad en las televisiones, por la autorización de una mina de carbón en un espacio protegido de Castilla y León, por la modificación de los contratos del sector público con posterioridad a su adjudicación, por la forma de tributación de los fondos de pensiones...

Si miramos un poco más atrás, seguiremos encontrando actuaciones dignas de aplauso de la Comisión Europea, que no dejan en buen lugar a las instituciones andaluzas. Algunos generales, como las reiteradas advertencias, al menos desde el verano del 2006, del comisario Joaquín Almunia sobre los riesgos de la "burbuja inmobiliaria", que no parece que llegara a los oídos de las autoridades españolas, pues según acaba de declarar el presidente -y compañero de partido- Zapatero, ningún organismo internacional advirtió del riesgo de crisis. Y otras actuaciones muy concretas, como la apertura de un expediente sancionador por la construcción del Hotel Azata del Sol en la playa del Algarrobico, que tenía licencia tanto del Ayuntamiento de Carboneras como de la Junta de Andalucía; el apercibimiento a España para que proteja las especies amenazadas por las obras del camino rural entre Villamanrique y El Rocío en el Coto de Doñana; la carta de emplazamiento enviada este verano al Gobierno por las restricciones al establecimiento de superficies comerciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, etcétera.

¿Y el futuro que nos deparará? Mi ilusión es que la Comisión Europea pueda echar una mano en la lucha contra algunos proyectos andaluces más que discutibles en los que no se acaba de ver muy claramente la voluntad de nuestras autoridades, como puede ser la contaminación (recientemente denunciada por los ecologistas ante la Comisión) de los alrededores de la playa malagueña de La Araña por una cementera subvencionada por la Junta y que está causando la destrucción de un arbusto endémico de la zona. También contra el nuevo PGOU de Marbella, objeto de una pregunta a la Comisión por parte del parlamentario europeo del grupo Verde, David Hammerstein. Por todo eso, y por mucho más, puedo decir -parafraseando a Borges-, que otros se dediquen a elogiar las ventajas de las instituciones locales; que yo, prefiero hacerlo de la lejana "Bruselas".