LA huelga de los jueces, que para ser la primera en la historia de España ha sido un éxito, está atravesada por una conjunción de factores que la hacen especialmente conflictiva e indigerible.

Estaremos de acuerdo en que la Justicia funciona aquí muy deficientemente. Se han ofrecido datos y se han visto imágenes que lo dicen todo, aparte de la experiencia personal de muchos ciudadanos. Un servicio público -y no cualquiera, sino uno mediante el cual se expresa uno de los poderes del Estado- que tiene dos millones cuatrocientos mil asuntos pendientes sólo puede definirse de este modo: es un mal servicio.

Esta situación viene de lejísimo. Por eso llama la atención que solamente haya desembocado en una huelga después de la sanción al juez Rafael Tirado por su fallo -fallo en el sentido de error o deficiencia- en el caso del pederasta que mató a Mari Luz Cortés, y no antes. El hartazgo de los jueces por las condiciones en las que trabajan no estalló hasta que su compañero de corporación no fue castigado, ridículamente por cierto. Da que pensar. Quizás sea cierto que este Gobierno ha duplicado las inversiones para la modernización tecnológica de los juzgados y ha aumentado notablemente las plazas de jueces y fiscales. Por supuesto, menos de lo que hace falta, de ahí que las reivindicaciones que han conducido a esta movilización parezcan correctas y compartibles.

Luego está el debate acerca de si estos funcionarios cualificados tienen o no derecho a la huelga. Sinceramente, creo que no (igual que creen el Gobierno, el PP o el Consejo del Poder Judicial), pero no dejo de ser receptivo a la idea de que lo que no está expresamente prohibido en la Constitución se puede hacer. Como ocurre en países de nuestro entorno, de más dilatada democracia, donde los colectivos judiciales disfrutan de este derecho y lo ejercen de cuando en cuando.

Finalmente, la interlocución por parte del Gobierno en esta crisis está averiada. El ministro Fernández Bermejo es enormemente sectario y ha demostrado también que le falta mano izquierda para bregar con las asociaciones que agrupan a los jueces. Encima, se ha colocado en el centro de un escándalo de cacerías antiestéticas, indecorosas y poco ajustadas a la ideología del buen progresista. Zapatero le defiende por puro interés y de los bancos socialistas salieron ayer ovaciones y gritos de "¡torero!" -a los que él correspondió ¡lanzando un beso!-, pero todos sabían allí que anda más quemado que la pipa de un indio. No es el interlocutor que necesita el conflicto de los jueces.

Ello hace temer que en junio la huelga, ya con las cuatro asociaciones convocando, paralice totalmente la Justicia.

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