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SI al Gobierno conservador de Esperanza Aguirre en Madrid o al de Francisco Camps en Valencia se les hubiera ocurrido montar en sus comunidades centros educativos para niños inmigrantes, separados de la red escolar donde estudian los niños españoles, aquí hubiera ardido Troya. Hasta el Parlamento Europeo, la Unesco y la ONU habría llegado el clamor indignado de todas las organizaciones progresistas. Aguirre y Camps habrían sido sumariamente condenados y alineados con Berlusconi, el del censo a los gitanos.

Segregación, xenofobia, intolerancia, racismo, ultraderechismo... Con estigmas de ahí para arriba habrían sido rebautizados los dos líderes autonómicos susodichos. Pero, amigos, la iniciativa ha sido del Gobierno socialista-nacionalista-poscomunista de Cataluña y en éste, como es sabido, sólo caben ideas de progreso y avance. Ergo, punto en boca y adelante con los cuatro centros especiales para alumnos inmigrantes de entre ocho y dieciocho años, pomposamente llamados Espacios de Bienvenida Educativa.

Bienvenidos, pero apartados, aunque la Ley Orgánica de Educación (LOE) impulsada en la legislatura anterior por el Gobierno socialista sea tajante en favor de una escuela incluyente. "Corresponde a las administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria", proclama su artículo 74. Lo dice la ley, los estudiantes con necesidades especiales deben ser ayudados a normalizarse en las escuelas con todos los demás, no por separado.

El Ministerio de Educación, que no se ha atrevido a desautorizar abiertamente la medida sólo por proceder de donde procede, ha sido, sin embargo, bastante claro. Los Espacios de Bienvenida serán bienvenidos si cumplen estas condiciones: que los padres de los inmigrantes acepten voluntariamente llevar allí a sus hijos porque desconozcan el idioma y la realidad a la que llegan, que su estancia sea limitada en el tiempo y que quede claro que es una medida puntual con el único objetivo de facilitar su incorporación posterior a los centros ordinarios en las mejores condiciones.

Si la Generalitat tiene claros estos requisitos, no veo yo mayor inconveniente en que se pongan en práctica sus planes, aunque los pedagogos insisten en que es preferible que la adaptación de los inmigrantes se haga, con toda la ayuda precisa -como los demás colectivos en dificultades-, en el centro donde ya están los otros alumnos. Sin guetos, ni siquiera temporales.

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