la esquina

José Aguilar

Un CSI canino: qué asco

NO hay manera de que nuestros pueblos y ciudades entren decididos en ese estadio de la civilización en el que los papeles inservibles se depositan en las papeleras, el griterío se queda fuera de los lugares donde molesta a otros y las heces de los perros las recogen sus dueños o sus paseantes de ocasión.

Es cuestión de tiempo, educación y represión. Impacientes, y sabedores también de que las ordenanzas municipales son difíciles de cumplir porque la labor es mucha y los guardias pocos, los concejales socialistas del Ayuntamiento de Málaga van a proponer que, en el caso de las cacas caninas, la autoridad eche mano de las modernas técnicas genéticas para sancionar a los infractores (los que permiten a sus perros defecar en la vía pública, y ahí quedó).

La propuesta consiste, en resumen, en crear un banco de datos con toda la información genética de los perros malagueños (ojo: hay censados unos 69.000) y, gracias a él, identificar por el ADN de los excrementos recogidos en la calle por los policías locales a los canes que hacen sus cositas y, con ellos, a sus dueños que las dejan sin recoger. Una cosa asquerosa, vamos. Se trataría de aplicar a las mascotas más abundantes los métodos indagatorios de la exitosa serie norteamericana CSI (Crime Scene Investigation), aunque aquí no haya escena de crimen, sino escena de incivismo y guarrería. ¿Sería como CSI Las Vegas, CSI Nueva York o CSI Miami? Dada nuestra idiosincrasia, me inclino por esta última, y ya me veo al sentencioso teniente Horatio advirtiendo al propietario que no retiró la mierda de su perro: "Se te va a caer el pelo".

Está claro que la exposición reiterada a la televisión puede afectar a las neuronas de uno. Si eres autoridad de segundo rango -en la oposición durante mucho tiempo y con ansias de ser reconocido-, te puede llevar al arbitrismo y/o la extravagancia. El Ayuntamiento de Málaga debe estar, igual que casi todos, como para gastar dinero, y no poco, en organizar el banco de datos y en pagar el coste de los análisis de ADN a los perros investigados (cada uno cuesta más de 150 euros). Como la media de las multas que viene poniendo la Policía Local malagueña a los dueños de perros cagones es de 120 euros, está claro que si la iniciativa sigue adelante, costaría más el collar que el perro. Nunca mejor dicho: más caro multar la mierda del perro que dejar que lo haga donde quiera el que lo lleva de la cadena.

Por si fuera poco, hasta el abogado más lerdo ganaría un recurso al Ayuntamiento sancionador con sólo alegar que su cliente está indefenso. Para respetar sus derechos harían falta, como mínimo, un notario, una cámara de vídeo y una rigurosa cadena de custodia del material probatorio. Más caro aún. Y más asqueroso.

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