LA comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía concluirá su dictamen el próximo día 22 de noviembre, dos meses después de lo previsto. Lo hará teniendo como base el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que ha fiscalizado las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y empresas en situación de crisis entre los años 2001 y 2010, el periodo analizado por la comisión del Parlamento e instruido penalmente por la juez Mercedes Alaya. El informe, conocido ayer, resulta demoledor: certifica las irregularidades del Gobierno andaluz, básicamente de su Consejería de Empleo. El máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas de esta comunidad autónoma censura que las ayudas a trabajadores afectados por ERE han seguido un procedimiento al margen del previsto por la legislación vigente y en ellas se ha abusado de procedimientos excepcionales, sin fiscalización previa, sin establecer los requisitos exigidos para ser beneficiarios, ni criterios para aceptar o rechazar las solicitudes ni actuaciones posteriores encaminadas a justificar el cumplimiento de las finalidades perseguidas. Con respecto a las subvenciones a empresas en crisis, realizadas al margen "absolutamente" del procedimiento administrativo establecido, la Cámara de Cuentas de Andalucía llama la atención sobre las comisiones de las consultoras e intermediarios, superiores a la media del mercado, y la concentración de ayudas en determinadas zonas geográficas (el 60% del total en la Sierra Norte de Sevilla, zona de influencia del PSOE provincial). Estamos, en fin, ante un informe clarificador sobre el modo de actuar de la Consejería de Empleo durante diez años y que, a buen seguro, impregnará de carácter crítico el dictamen de los comisionados por el Parlamento para pronunciarse sobre un escandaloso caso de uso irregular de fondos públicos.