ES probable que tengan razón los jueces y fiscales que se quejan de que Rajoy haya nombrado ministro de Justicia a una persona que no conoce el funcionamiento de la Justicia aunque haya ganado la oposición de fiscal, Gallardón no ha ejercido la carrera más allá de unos meses y hay que estar dentro para darse cuenta de la gravedad de los problemas que perjudican la buena administración de la Justicia. Pero de lo que se puede estar seguro es de que Ruiz-Gallardón sabe perfectamente cuales son las cuestiones que preocupan a un número considerable de españoles.

Su comparecencia ante la Comisión del Justicia del Congreso marcará un antes y un después en leyes que afectan a la conciencia de los españoles, leyes que han provocado indignación en muchos de ellos y que van a suponer un cambio social de máxima relevancia. Todas ellas figuran en el ideario del PP y en su programa, todas ellas fueron exigencias del PP cuando estaba en la oposición, pero no parecía posible que el gobierno de Rajoy pudiera abordarlas con tanta diligencia y tan en profundidad. Lo que demuestra una vez más que el presidente del Gobierno no tiene ninguna intención de aplazar cuestiones que fueron bandera de su partido.

En la reunión ejecutiva del pasado lunes anunció a los miembros de la dirección de su partido el calendario de los próximos seis meses. Ahí estaba todo, pero todo, lo que era prioridad para su partido. No ha querido aplazar más allá de esos seis meses los asuntos hacia los que existía una especial sensibilidad social, independientemente de las medidas económicas que está aprobando ya para cumplir su objetivo de crear empleo. Entre las leyes que mencionó en la reunión celebrada en la sede de la calle Génova se encontraban las hoy anunciadas por el ministro de Justicia, que además complementan las que adelantó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría respecto a la modalidad de elección de los miembros de las instituciones del Estado.

Estamos ante el gran cambio. El cambio con mayúsculas. Se acaba con la aberración de que una menor pueda abortar sin permiso paterno pero no pueda hacerse un tatuaje o ponerse un piercing, se acaba con la aberración de que la Ley del menor vele más por los derechos de los asesinos que por el castigo a un criminal, se abre la puerta a que los grandes delincuentes puedan ser condenados a prisión a perpetuidad revisable periódicamente, como ocurre en los países de nuestro entorno, y se corta de cuajo el intento de muchos delincuentes de burlar la Justicia o prolongar la ejecución de la condena presentando más y más recursos a sabiendas de que no van a variar su situación. Unos recursos que además provocan aún más lentitud en la administración de la Justicia.