DE eso no le pueden echar la culpa a la madre que parió a Lehman Brothers o a la prima de Van Rompuy. La Administración autonómica andaluza es un caos jurídico y laboral en el peor momento posible. Cuando más necesitamos eficacia, rigor, cintura y rapidez para implementar las decisiones que encarrilen un futuro distinto, y las que palien las estupideces del pasado, la Junta de Andalucía es una flota a la deriva, y sus naves un cúmulo de peleas internas porque, 31 años después del 28-F, cada vez está más enfocada a ser agencia de colocación que se pasa por el forro de las componendas cualquier demanda de coherencia en la selección del personal y en la asignación de funciones. La sucesión de sentencias condenatorias del Tribunal Superior andaluz contra el enchufismo consagrado desde San Telmo son victorias de los funcionarios que no se callan ni aceptan la humillación de trabajar en una casa de tócame roque.

Hay un Mariano que le gana a Griñán más veces que Rajoy. Es Mariano Aguayo Abogados, bufete con sede en Córdoba. Sus últimos triunfos han consistido en que el TSJA anule la reorganización de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. Y en cola hay más demandas por dirimir en relación a otras áreas de la Junta, que, por ser situaciones idénticas o muy similares, causarán nuevos varapalos para tumbar todo el organigrama diseñado en la cuestionadísima reforma laboral de la Junta.

Si a España en su conjunto le aguarda un mes de ataques financieros y políticos, y de toma drástica de decisiones, sin tener constituido bien ni el Parlamento ni el Gobierno, en Andalucía el ciclón de los mercados se avecina mientras nos representa una Administración disparatada, paralizada y a la greña que genera inseguridad jurídica porque son anulables multitud de actuaciones que se han perpetrado sin estar sujetas a Derecho. La Junta es un puro contencioso administrativo. Un cachondeo que indigna.