LA controladora Blanca Uriarte, del aeropuerto de Palma de Mallorca, 24 horas después del boicot contra el tráfico aéreo, 15 horas después de su militarización, y seis horas después del decreto de estado de alarma, jamás promulgado antes en la España democrática, aún decía que es el Gobierno el que ha encerrado en los aeropuertos a los pasajeros. "Ha sido una barbaridad que jamás hubiéramos hecho voluntariamente, esto es supervivencia, el ministro Blanco nos ha obligado a tirarnos a un precipicio. No podemos trabajar con tanta ansiedad para separar a los aviones en vuelo, son muchas vidas las que están en juego, el Gobierno ha provocado este secuestro".

El estado de nervios de esta controladora ante las cámaras, tras ver de cerca a los guardias civiles pistola en mano, no puede servirle de eximente si la sientan ante un juez y es susceptible de una condena. La que merecen los controladores que han maquinado el mayor sabotaje al bienestar nacional.

¿En qué España vive el gremio de Blanca Uriarte? Se saben tan imprescindibles para el transporte cuya intensidad marca la diferencia de renta entre las naciones pujantes y las subdesarrolladas que, gracias a sus sueldazos, deben habitar lejos de los cinco millones de parados, ignorantes del estado de ansiedad que soportan a diario los camioneros, los médicos de urgencias, los funcionarios de prisiones, los empresarios arruinados, los trabajadores explotados que temen cada día el despido, las familias a las que les embargan el piso, los agricultores a los que chantajean para pagarles una miseria por sus cosechas, los inmigrantes estafados y sin papeles, o las parejas jóvenes que se las prometían felices y ahora tienen un bebé y ningún empleo.

Ojalá hubiera sólo ansiedad en los aeropuertos. ¿No saben los controladores la de tranquilizantes y antidepresivos que se venden en las farmacias a diario? Cárcel, pico y pala para conocer la España real.

La regeneración democrática ha de avanzar con el decreto de alarma. Aunque se reconviertan los aviones militares A400M para solventar este turismo de aventura. Ya puede Monteseirín, sin viaje a Argentina, dedicar el puente a expulsar del servicio municipal del taxi a quienes manipulan la parada de San Pablo y engañan con precios abusivos y facturas falsas.