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PARECE ser que Dolores de Cospedal va a compatibilizar su cargo de secretaria general del PP con el de presidenta regional de Castilla-La Mancha. Esos cargos reciben una remuneración anual de unos 220.000 euros, lo que hace que el sueldo mensual de Dolores de Cospedal supere los 18.000 euros mensuales. Ahora mismo, el Gobierno acaba de rebajar el sueldo de los directivos de empresas públicas, que a partir de ahora ganarán mucho menos que Dolores de Cospedal. Y todos sabemos que están congelados o rebajados los salarios de funcionarios y empleados públicos, aparte de que miles y miles de trabajadores del sector privado han tenido que asumir fuertes limitaciones en sus propios salarios, si no están ya en el paro. ¿Tiene sentido que una política como Cospedal siga cobrando por dos cargos de gran responsabilidad? ¿Hay garantías de que pueda disponer del tiempo suficiente para dedicarles toda la atención que se merecen? ¿Y es razonable que siga representando a un partido que impone fuertes sacrificios económicos a los ciudadanos en unos momentos de casi emergencia nacional?

Parece evidente que no. Yo no sé si los políticos -o al menos los políticos como Cospedal- se dan cuenta del daño que causan con sus caprichos y sus ambiciones personales al frágil edificio de la convivencia social. Y el daño que hacen los dos sueldazos de la Cospedal a la democracia representativa española es equiparable al daño que ha hecho Iñaki Urdangarín a la monarquía constitucional con sus turbios tejemanejes a la sombra de Jaume Matas. Es cierto que no hay nada ilegal ni anómalo en esos sueldos de Cospedal, de acuerdo, pero un político es antes que nada un administrador de las cuentas públicas, y no es admisible que se dedique a imponer sacrificios y recortes a una ciudadanía aterrorizada por la crisis económica mientras disfruta de unos sueldos dignos de Messi o Cristiano Ronaldo.

Dolores de Cospedal puede estar convencida de que los millones de votos que sacó su partido en las elecciones generales le permiten hacer lo que le dé la gana, pero si es así, está muy equivocada. Los millones de ciudadanos que la votaron hace tres meses serán los mismos que se manifestarán y protestarán en las calles, dentro de seis meses o dentro de un año, exigiendo su dimisión o su abandono de la política, si la ciudadanía comprueba que la situación económica sigue degradándose y no aparecen signos de mejora en las condiciones de vida. Los ciudadanos saben asumir los sacrificios si son conscientes de que sus dirigentes también asumen sacrificios. De lo contrario, nadie debería sorprenderse si un día se asoma al balcón y se encuentra con un hilera de coches incendiados y un grupo de energúmenos saqueando un supermercado.

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