Editorial

La Carta Magna del mayor consenso

UADA año que cumple la Constitución se plantea la misma pregunta: ¿Está bien como está o debe reformarse? En este 2009 en que ha alcanzado su trigésimo primer aniversario las dos grandes formaciones políticas nacionales, PSOE y PP, han expresado, por boca de sus máximos dirigentes, su convicción de que la reforma constitucional no está en su agenda próxima. Tanto el presidente José Luis Rodríguez Zapatero como quien aspira a sucederle, Mariano Rajoy, han descartado cualquier iniciativa reformadora por su parte. Es importante subrayarlo porque en torno al Estatuto de Autonomía catalán, cuya constitucionalidad estudia desde hace tres años el Tribunal Constitucional, se ha ido generando un estado de opinión que pretende deducir que si el Estatut no encaja en la Constitución, es la Constitución la que debe modificarse para que encaje, y no al revés, como resulta de la pura lógica y de las propias reglas de juego constitucionales: ninguna norma puede contravenir la Carta Magna, sea del carácter que sea y haya sido aprobada como haya sido aprobada. Es la misma tesis que en estos días de celebración han defendido el actual presidente del Congreso, José Bono, y el profesor Gregorio Peces-Barba, que le precedió en dicho cargo y, además, fue uno de los siete padres de la Constitución, como ponente del texto tras las primeras elecciones democráticas. Ciertamente, una Constitución no es inmutable y puede modificarse para adaptar el marco institucional y los preceptos que establece a los inevitables cambios de la sociedad cuya convivencia organiza, pero en el caso de España no se dan ninguna de las condiciones esenciales para la reforma constitucional. Ni las jurídicas, puesto que sería imposible cumplir los requisitos que la misma Constitución exige (por ejemplo, la aprobación de un nuevo texto por tres quintos o dos tercios, según los casos, del Congreso y del Senado), ni las materiales, ya que PSOE, PP y los demás partidos desearían cambios en sentidos contrapuestos, y eso produciría un resultado nefasto, que no es otro que la Constitución vigente sería sustituida por otra con menor consenso político. Un contrasentido.

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