la tribuna

Rafael López Rodríguez

Carta desde la crisis

UN efecto poco conocido de las crisis económicas es la pérdida de la diversidad vital. Las personas abandonamos actividades accesorias ante la necesidad de aportar esfuerzos adicionales para mantener las posibilidades de nuestros negocios. Las estadísticas no evalúan el empobrecimiento vital y, sin embargo, sus consecuencias sociales son considerables, principalmente por el debilitamiento de la sociedad civil y la erosión de sus estructuras.

La menor movilización ciudadana afecta al fortalecimiento y desarrollo de aquellas instituciones y mecanismos con que afrontamos nuestros problemas actuales. Paradójicamente, a medida que la crisis profundiza, se reciben menos informes y reflexiones de quienes verdaderamente la enfrentan. Se pierden los foros donde se transmiten visiones realistas de la crisis y de los medios requeridos para afrontarla. ¿Cuántos informes se avalan por grupos de trabajo de parados de larga duración? ¿Qué voz tienen los empresarios que reducen sus negocios al mínimo? Se desprecia la reflexión de los vapuleados al atribuirles la responsabilidad de sus desgracias.

Nuestra situación económica y social se agrava al excluir del debate a quienes más la sufren. No es lo mismo "tenerlos en consideración" que "considerar sus reflexiones". Para estos trabajadores y empresarios, para sus familias, el axioma tan reiterado de ver la crisis como "oportunidad" se trastoca en el hecho de vivir la crisis como "constante". Existen colectivos y entidades a los que la bonanza económica les supuso un alivio dentro de una tónica general de subsistencia; amarrando un trabajo o un contrato para cubrir trampas antiguas. Muchas de estas personas se encuentran vinculadas al sector de las micropymes y el trabajo autónomo y sus condiciones de vida se determinan por la configuración institucional de nuestro país.

Encarando ya el cuarto año de crisis, no debe adjetivarse como económica; su carácter es estructural antes que financiero o exógeno. Nuestro modelo económico se apoya en un sistema institucional obsoleto. La consolidación democrática obvió rediseñar la estructura institucional del país siendo ésta un factor condicionante de nuestra viabilidad económica. Señalamos como debilidad propia la atomización de nuestras empresas, ¿acaso hemos procurado unos mercados que permitan el crecimiento de éstas? La dimensión de una empresa la marca su demanda potencial, determinada a su vez, por el volumen de sus mercados. Nuestros mercados locales están fragmentados en unos 8.000 municipios; en su mayoría, con poblaciones por debajo de los 10.000 habitantes. Con esta estructura, aparte del coste que supone, no resulta fácil para las empresas locales transformar su ámbito de actuación al orden supramunicipal. Se reducen las posibilidades para que las pequeñas empresas evolucionen a un mayor volumen de actividad; o que empresas de dimensión media mantengan unos costes de gestión organizativa moderados.

¿De verdad pretendemos innovar y ser competitivos? ¿Cómo pueden crear empleo las empresas familiares si apenas cubren costes? La salida de la crisis no es tanto realizar un esfuerzo en innovación y competitividad como acometer cambios institucionales que doten a nuestras empresas locales de mercados suficientes. En este sentido, cabe plantearse la remodelación de nuestro doble eje institucional: diputaciones provinciales y ayuntamientos en estructuras institucionales comarcales, y finalizar el eterno debate de atribuciones entre comunidades autónomas y Estado, homogeneizando los niveles competenciales transferidos. Asimismo, estas reformas deben acompañarse de con la flexibilización del modo de gestión de las administraciones públicas incorporando criterios de eficiencia y competitividad. Las estadísticas lo avalan, las empresas españolas mantienen mejores niveles de eficiencia y productividad frente a nuestras administraciones públicas; sin embargo, las primeras están perdiendo su capacidad para generar empleo.

Finalmente, es necesario evitar la exclusión de colectivos en cuya experiencia se vislumbran los medios adecuados para prevenir nuevas pérdidas de proyectos empresariales, personales y familiares. Deben arbitrarse mecanismos para priorizar el acceso al empleo público de aquellas personas con cargas familiares que corren riesgos evidentes de exclusión social y que, sin embargo, por currículum pueden desempeñar un servicio público correcto. Su participación, a la hora de diseñar nuestro modelo de país, nos encaminará hacia una sociedad incluyente en la que todos contamos.

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