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EL extremado partidismo y la extremada politización de la Justicia enrarecen tanto la vida pública que nadie puede emitir una opinión personal sin que automáticamente lo encasillen. Un caso como el de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que aconsejó a una abogada a la que no conocía en un pleito por la custodia de su hija, no hay manera de enfocarlo sin verse envuelto en el conflicto entre los que quieren mantenerla en el cargo y quienes querrían echarla por cálculo político: por el papel decisivo del TC que encabeza sobre el futuro del Estatuto catalán.

Habrá que arriesgarse y abstraerse de estos condicionantes. Casas no incurrió en delito alguno, como acaba de dictar el Tribunal Supremo, pero creo que fue imprudente al aconsejar a la mujer que le habían recomendado, al llamarla ella misma por teléfono -hubiera sido más normal una llamada a la inversa- y al recomendarle que hiciera desembocar el litigio con su marido en un recurso de amparo ante el Constitucional (el tribunal que ella preside). Es cierto que fue en el transcurso de su conversación telefónica cuando la presidenta conoció que su interlocutora era sospechosa de haber contratado a unos sicarios para que asesinaran a su ex marido, y que entonces cambió por completo el tono de su charla.

La temeridad de María Emilia Casas creo yo que estuvo originada por una mezcla de torpeza, colegueo y feminismo mal entendido. Creyó sinceramente que la letrada era una mujer maltratada y la remitió a dos abogadas pertenecientes a la Federación de Mujeres Progresistas. Un amigo me hace hincapié en este punto: esta organización fue la promotora de la reforma del Código Penal que aumenta la condena en los casos de violencia de género en los que el agresor es el hombre, singular excepción del principio de igualdad cuya dudosa constitucionalidad ha sido despejada en sentido favorable... por el TC presidido por María Emilia Casas. Sin proponérsele, Casas ayudó a una mujer que presentó denuncia falsa contra su esposo, a la que el juez retiró la custodia de su hija por considerarla inadecuada y que después fue imputada por asesinato, y en ello sigue.

Mal asunto. Antes que mujer, y mucho antes que feminista, María Emilia Casas es la cuarta o quinta autoridad del Estado democrático y como tal ha de comportarse en su trabajo y en su casa, en lo público y en lo privado. No puede permitirse el colegueo de ninguna manera. No sé si debe dimitir o no ni me da la gana alinearme con ninguno de los bandos que se han reproducido en torno a su caso. Sólo sé que hizo mal, que fue descuidada e imprudente. Como no puede serlo la presidenta del Tribunal Constitucional.

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