LA falta de seriedad de la política española raya en el vodevil. Acaban de constituirse las nuevas corporaciones municipales y es ahora, para no decir las verdades incómodas durante la reciente vendimia de votos, cuando protagonistas del escalafón lanzan opiniones sobre la fusión de ayuntamientos y la supresión de las diputaciones. Porque Europa nos subraya que está muy mal visto quemar el dinero que se debe, con tal de mantener infladas las estructuras administrativas locales, provinciales, regionales y nacionales. Esto se sabe desde hace muchos años. Pero se suelta como globo sonda al ruedo ibérico para dar la impresión de que la clase política abandona el inmovilismo que nos hunde.

Felipe González, Manuel Chaves y Javier Arenas han abogado por el adelgazamiento, no sólo veraniego, de la Administración. Ninguno lo ha impulsado desde sus altos cargos en Moncloa. Ninguno creó una comisión parlamentaria similar a la del Pacto de Toledo (pensiones), con el fin de consensuar una reforma que lamine el imperio de los localismos.

Bla, bla, bla. Lo primero que han hecho los partidos después de las elecciones es recolocar en las diputaciones y en las consejerías a los dirigentes con más ínfulas que han quedado descolocados por voluntad popular. Es la meritocracia del fracaso democrático. Cuánta inmoralidad. Si tuvieran voluntad de reducir el insoportable peso del enchufismo, y en el asfixiante agobio presupuestario del momento presente, hubieran aprovechado el 22-M para aminorar el aparato político incrustado en los organismos provinciales.

Se nos antoja lejano que, por ejemplo, Castilleja de la Cuesta y Gines, o Coria del Río y La Puebla del Río, o Gilena y Pedrera, tengan un solo Ayuntamiento para dos pueblos. Es factible, pero el miedo a perder identidad, a sentir que uno es pedanía del otro, exacerbará los aldeanismos. Tranquilos: Felipe González no ha propuesto que pasen a llamarse Castilleja de la Gines, Cazalla de Constantina o Almadén Real de la Plata y Jara.