editorial

Cataluña desde Andalucía

LA acogida en Andalucía al órdago más rotundo lanzado por el nacionalismo catalán contemporáneo ha sido, en general, de serena preocupación. Ninguna fuerza política ha reaccionado con destemplanza o nerviosismo a la multitudinaria manifestación de carácter independentista celebrada en Barcelona con motivo de la Diada (11 de septiembre) ni a la decisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de ponerse a la cabeza de la protesta y convertirla en impulso decisivo y ariete imparable para un objetivo político que hasta ahora no había asumido: la secesión de Cataluña y la construcción de un Estado catalán. La nueva situación creada por el desafío del líder de Convergència i Unió, que el jueves ratificó sus planteamientos en Madrid, tiene la virtud de acabar con la ambigüedad en que se ha movido hasta ahora. Aunque Mas se reunirá con el presidente del Gobierno español el próximo jueves para pedirle el llamado pacto fiscal -un acuerdo entre Cataluña y el Estado que otorgue a la primera una fórmula de financiación similar al concierto vasco-, sus declaraciones han sido tajantes al respecto: si no hay pacto fiscal, planteará la independencia catalana, pero si lo hubiera, igualmente lo considerará un instrumento transitorio previo a impulsar, de todos modos, un proceso de separación de España. Artur Mas interpreta que, más allá de lo que aprobó el Parlamento de Cataluña (el pacto fiscal), la independencia es el mandato que recibió el martes de la calle. Así las cosas, ha sido oportuna la frase con que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha resumido su posición: "El modelo autonómico no se decide ni en Madrid ni en Cataluña, sino en el conjunto de España". No hay respuesta más ajustada al interés de Andalucía: el sistema de financiación de las autonomías puede mejorarse en su aplicación o cambiarse por otro más adecuado y equitativo, pero en todo caso habrá de ser fruto de una negociación entre el Estado y todas las comunidades y garantizar la igualdad de los españoles. Es lo que está en la Constitución y lo que manda el Estatuto de Autonomía andaluz. Los tres grupos parlamentarios muestran posiciones coincidentes sobre el fondo del problema catalán. Como debe ser.

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