Punto de vista

José Ramón del Río

jdel35@hotmail.com

Causas y causas

Es muy bueno y saludable que en democracia ningún acto punible de los políticos quede impune

No podemos quejarnos de la falta de temas. Se abre el periódico o la edición digital de cualquier medio de comunicación y resulta que la Fiscalía denuncia a Concepción Dancausa, actual Delegada del Gobierno en Madrid y antes responsable de Mercamadrid, por daños causados a esa sociedad; en la misma página, leemos que la Fiscalía de Anticorrupción, investiga al despacho que fundó Cristóbal Montoro antes de ser ministro de Hacienda y del que forma parte hoy un hermano del ministro porque recibió un encargo profesional, sin previo concurso, cuando el otorgante era el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Si a estos dos sucesos sumamos la operación Lezo, a cargo del juez Eloy Velasco, que ha llevado a prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid y causado la dimisión de Esperanza Aguirre; la investigación de supuestas coacciones por el presidente del Consejo editorial y director del periódico La Razón a la delegada del Gobierno, en Madrid y, en fin, la citación para comparecer como testigo del presidente Rajoy en el juicio de la Gurtel, es una buena muestra de lo que digo y también que, con tanto trabajo, no se tenga tiempo para finalizar casos más antiguos.

Es muy bueno y saludable que en democracia ningún acto punible de los políticos quede impune. Lo que ocurre es que las responsabilidades penales son muy duras y por ello existe, también, la presunción de inocencia. Por tanto, hay que poner un exquisito cuidado en las denuncias y, sobre todo, en su investigación. En el caso de Mercamadrid, la denuncia se tramita por sucesos de 2013 y está fundamentada en una transacción para evitar un pleito que ahora se considera lesiva para los intereses públicos y que cuando se realizó tuvo todos los informes favorables. Lo del despacho de Montoro es parecido, porque quien tiene que vigilar sus formalidades para contratar debe ser el otorgante del contrato y no el adjudicatario y, además, no se trataba de dinero público. Se ha archivado la denuncia por coacciones presentada contra los periodistas de La Razón.

El juez Eloy Velasco, que fue cargo político de Valencia cuando la presidía Zaplana, vuelve a la judicatura. Dice que es el juez del pueblo. A él le han turnado la instrucción de la causa seguida al ex presidente de Madrid, Ignacio González, al que no le pintan bien las cosas. Pedro Sánchez pide a su partido que la comparecencia de Rajoy sea ante el pleno del Congreso, y el PP despide a Esperanza Aguirre con un comunicado de 8 líneas, respetando su decisión y valorando su trayectoria. La considera "una persona relevante para la organización". Un reconocimiento medido.

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