LA fiscal general de Venezuela ha presentado en el Parlamento un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos que permitirá sancionar, incluso con penas de cárcel, a los periódicos, radios, televisiones y webs cuyas informaciones generen zozobra y pánico entre los ciudadanos. La letra de este proyecto legal suena mal. La música, peor.

Vayamos con la letra. Se trata de perseguir, castigando con hasta cuatro años de prisión, a periodistas, locutores, conferenciantes y artistas -además de propietarios y directivos de los medios en que aquéllos trabajen- que divulguen noticias y opiniones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones", "la paz social y la seguridad", "la moral pública" y "el orden público".

Con esta legislación Hugo Chávez parece que se ha puesto a recitar de corrido, cuarenta años después, la Ley de Prensa e Imprenta que Manuel Fraga impulsó en España, en la que a la libertad de expresión se le ponían tantos límites y tantas trabas que más que la libertad de la prensa para controlar el poder lo que se regulaba era la libertad arbitraria del poder para controlar a la prensa. Con una diferencia sustancial: la Ley Fraga significó un avance en su tiempo porque eliminó la censura previa (de hecho, a su amparo proliferaron las publicaciones prodemocráticas y los periodistas aprendieron a escribir entre líneas y empujaron hacia el fin del Régimen), mientras que la Ley Chávez se propone, sin disimulo, todo lo contrario. Se trata de amordazar a la prensa de allí.

Conociendo la trayectoria de Chávez contra los medios informativos remisos a su llamado socialismo bolivariano, es fácil deducir que el objetivo de la Ley Especial de Delitos Mediáticos va a ser la anulación de las voces disidentes con los gobernantes. En los regímenes de vocación totalitaria -pueden serlo aun habiendo elecciones cada cierto tiempo, sobran los ejemplos- cualquier información u opinión que moleste a los que mandan es susceptible de ser interpretada como atentatoria a conceptos tan vaporosos y manipulables como los citados: paz social, orden público, instituciones... En el último año el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela ha considerado falsas o interesadas las noticias referidas a la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y la corrupción, el desabastecimiento de alimentos que sufre un país que nada en petróleo o el hallazgo de armas venezolanas en manos de la guerrilla mafiosa de Colombia.

Igual que en España se multaba o secuestraba a una revista por atentar contra los Principios Fundamentales del Movimiento (Estático) publicando que un albañil había muerto tiroteado por la policía, la ley venezolana terminará con la prensa libre que no se someta a los Principios del Movimiento Bolivariano (Dinámico, ya que se mueve a toda prisa hacia la dictadura).