Choque de trenes entre colegas. Por una vía iba el editorial publicado por El País el pasado viernes y por la misma, pero en sentido contrario, la respuesta que desde ABC le dio ayer Jon Juaristi. ¡Plaf!

Decía el editorial: "El mérito de Garzón, de consecuencias previsiblemente más simbólicas que jurídicas, es el de afirmar que habría sentado en el banquillo a Franco y sus lugartenientes si hubieran estado vivos. (…) Realizar, 70 años después, un juicio virtual a Franco es imprescindible, para el futuro de un país que no ha sido capaz de enfrentarse a las miserias de su pasado, lo que sí han hecho otros que también han sufrido experiencias traumáticas. El linchamiento público de que ya está siendo objeto Garzón da idea del déficit democrático que sufre España, derivado en gran medida de no haber afrontado sus fantasmas cuando le hubiera correspondido".

Contestaba Juaristi: "Paparruchas. Ni es imprescindible el tal juicio, ni este país ha sido incapaz de enfrentarse con su pasado, ni sufre un déficit democrático ni se lincha a nadie. Franco está más que juzgado por todo el mundo; este país se pasa la vida ajustando cuentas con su pasado y a Garzón le rinde pleitesía media España, ¿o no? (…) En el fondo, lo que esta izquierda postcapitalista quiere es desenterrar a su molesto papá. Abrir la fosa de Franco y quemar sus huesos, como se hacía en los buenos tiempos de la Santa".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, guardagujas de la legalidad, ha anunciado que recurrirá el auto de Garzón basándose en tres argumentos: la iniciativa de exhumar e identificar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura corresponde, en virtud de la Ley de Memoria Histórica, al Gobierno y las comunidades autónomas, no a los tribunales de justicia; los crímenes de la contienda no pueden entenderse como delitos contra la humanidad porque esa figura no se incorporó al derecho penal internacional hasta los juicios de Nuremberg (1945-1949), y no puede ser aplicada con carácter retroactivo; al tratarse de delitos comunes, en todo caso su conocimiento correspondería individualmente a los tribunales territoriales y no a la Audiencia Nacional. Añadiendo que, en todo caso, estos delitos han prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

Razones frente a un espectáculo incomprensible en un país en el que un día si y otro también es noticia la insuficiencia de medios de la Justicia y su consiguiente mal funcionamiento. Para juzgar el pasado está la Historia; para obligar a sepultar dignamente los restos, el Estado; y los jueces para hacer, y eficazmente, justicia al presente.