ENTRE las peores gestiones del anterior Gobierno andaluz, destacó muy notablemente la de María José López en la Consejería de Justicia. Era irrepetible y no ha repetido. Quizá toda la culpa de los errores y omisiones no fue suya, porque el patio judicial anda demasiado revuelto, y la Justicia no parece que esté entre las principales preocupaciones de Chaves. Admitiendo esos atenuantes en su descargo, se debe sentenciar que fue desastrosa.

Un ejemplo de la herencia perversa que le ha legado a su sucesora, Evangelina Naranjo, es la Ciudad de la Justicia. La Junta se dedicó a prometer ciudades de la justicia por todas las capitales andaluzas, en la mayoría de los casos sin saber donde se construirían. Sólo ha puesto en marcha la de Málaga. Mientras, hay juzgados repartidos por aquí y por allí, en emplazamientos provisionales, a veces rozando lo asqueroso, como si fuera un tormento añadido no sólo para los imputados y testigos que acuden a los juicios, sino también para jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios y demás personal que trabaja en condiciones precarias.

Después de tantos años de promesas incumplidas, en Sevilla sigue abierto el debate sobre el emplazamiento de la Ciudad de la Justicia, cuando lo que hay es la Ciudad de la Injusticia, como ha quedado patente en el caso de Mari Luz Cortés y su asesino. Un hombre sensato y fiable, como es Antonio Moreno Andrade, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, decía recientemente algo que parece de sentido común: el mejor lugar para la Ciudad de la Justicia en Sevilla es el Prado de San Sebastián, con una ampliación adecuada. En esa zona han arraigado los juzgados hasta formar parte del paisaje, alterado después por las catenarias. Y está tan bien comunicada que incluso se puede acudir en tranvía a los juicios.

Una vez que la consejera Evangelina se pronuncie sobre el emplazamiento definitivo, quedará lo más difícil: ejecutar el proyecto. Si todavía no han decidido dónde se construye, ¿cuánto pasará hasta que se abra el nuevo complejo? Hasta entonces hay que trabajar para conseguir que la Ciudad de la Injusticia, sita en su actual ubicación provisional, deje de serlo y cuente con más medios, más funcionarios fijos y mejor dotación para agilizar el actual colapso, con unas 52.000 sentencias pendientes de ejecutar en Sevilla. La culpa, desde luego, no es de Augusto Méndez de Lugo por denunciarlo, sino de quienes no se lo han tomado en serio.

El Prado sevillano no es un museo, como el madrileño, sino el baúl de la ciudad, donde cabe cualquier ocurrencia. Al Prado le cabe todo. Si empezamos por un Ayuntamiento de Moneo y seguimos por ideas descabelladas, ¿por qué no la Ciudad de la Justicia?