YA sé que todos estamos hoy pendientes de la final de la Eurocopa. Pero comienza a las 20:45 y tiene tiempo de pensar en otras cosas, como el enésimo retraso en la construcción de modernas y más amplias sedes judiciales en Sevilla. ¿2010? ¿2012? Los Gordales es el emplazamiento que generó más consenso urbanístico y político en su día, y ahora lo prometen de nuevo el Ayuntamiento y la Junta, tras el bandazo que dieron antes de las elecciones con la milonga de los terrenos en el puerto. Pero, al paso que vamos, cuando inauguren los edificios se habrán quedado pequeños, y vuelta a empezar en el debilitamiento de un pilar del sistema democrático. La Justicia es lenta, pero mucho más lo es la asignación de recursos para administrar justicia.

Los padres de Mari Luz también han descubierto la sempiterna lentitud del poder judicial. Dieron la vuelta a España para recabar firmas y presentarlas en el Congreso de los Diputados con el fin de endurecer las penas a los pederastas. El Gobierno y los parlamentarios han hecho lo que exigió Juan José Cortés. El tiempo le ha cundido mucho en su afán de justicia. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Administración y Justicia todavía no han tenido tiempo de terminar sus investigaciones para determinar las anomalías, responsabilidades y sanciones que hayan de merecer quienes permitieron que estuviera en la calle un pederasta reincidente y peligroso que había de cumplir condena. La falta de prisa ante el escándalo judicial del año en España huele a corporativismo. La Ciudad de la Justicia sigue siendo una promesa, una entelequia de urbanismo, terrenos, volumetría, edificabilidad y obras que no son garantía de que se subsane el caos y todos los eslabones de la cadena administrativa y judicial pasen a estar perfectamente ensamblados. Y menos aún de que se erradique la tentación de tapar los marrones para que no se cumpla la máxima: quien la hace, la paga.