Tribuna

Angel B. Gómez Puerto

Ciudadanos y clase política en Andalucía

EL pasado Día de Andalucía se publicó en los periódicos del Grupo Joly un barómetro que expresa datos de mucho interés sobre la realidad política, social y económica de Andalucía. El primero viene a confirmar que el principal problema que sufrimos los andaluces es el desempleo: para el 84% de los andaluces es ya nuestro principal problema.

Esta percepción de la ciudadanía andaluza viene a confirmar que varias provincias andaluzas están a la cabeza de la tasa de paro nacional según la última encuesta de la población activa: Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Córdoba, y nos preguntábamos ¿qué pasa en Andalucía? Creo que con el barómetro Joly empezamos a tener algunas respuestas. Pero hay otro dato muy significativo. Para el 6% de la ciudadanía andaluza el principal problema es el Gobierno andaluz, y para el 5% el principal problema son los partidos políticos y líderes políticos de Andalucía.

Además, según este barómetro Joly suspenden en valoración todos los líderes políticos andaluces. Del estudio del Grupo Joly podemos concluir un fenómeno preocupante: los andaluces empiezan a percibir que los instrumentos de representación política actuales no sólo no resuelven sus problemas, sino que son identificados como uno de sus principales problemas. Este asunto merecería una serena reflexión, y propuestas de reactivación democrática para nuestra tierra.

Recordemos que en los últimos años se ha desarrollado una preocupante tendencia de la ciudadanía a no ejercer uno de los derechos democráticos por excelencia, la participación electoral, ya sea a través de referéndum o de elecciones en los diferentes niveles de poder político. No olvidemos que hace ahora dos años, el 18 de febrero de 2007, tan sólo el 36% de los andaluces participó en el referéndum de ratificación del nuevo Estatuto para Andalucía. Y anteriormente, en febrero del año 2005, en el referéndum celebrado en España sobre el frustrado Tratado de la Constitución Europea, hubo el 40,3% de participación. Y parecida participación podría darse en la inminentes elecciones europeas, que están convocadas el próximo día 7 de junio en España.

Esta tendencia a la baja en la participación del ciudadano en la configuración política de las instituciones democráticas mina los pilares básicos de la democracia representativa. Todos tenemos alguna responsabilidad, pero algunos tienen más que otros. Las fuerzas políticas y las personas que ejercen temporalmente los cargos políticos representativos deberían ser los primeros en poner en marcha medidas de activación y regeneración democrática, pues la representación democrática que ejercen es cada vez de menos intensidad, porque menor es el número de ciudadanos que han depositado su voto el día de su propia elección.

Como decimos, estamos asistiendo a un alejamiento de intereses entre ciudadanos y políticos por diversas razones. Probablemente, las nuevas noticias sobre posible corrupción en ámbitos locales y de algunas autonomías, muchos de ellos ligados a la gestión urbanística, han provocado en el ciudadano una sensación de frustración que ha llevado a la decisión de no votar, o votar en blanco. Estas malas prácticas han provocado, pues, mucho daño a la democracia.

Otra razón puede ser la desconexión entre los partidos políticos y el ciudadano, sobre todo en los procesos de designación de candidatos electorales, sin posibilidad alguna de poder elegir dentro de cada lista a las personas que cada elector decida. Se tendría que evitar que los aparatos de los partidos designen candidatos al margen de las aspiraciones ciudadanas. Posiblemente, el ciudadano del siglo XXI aspire a nuevas formas de participación, a espacios políticos menos rígidos y más dinámicos que los actuales partidos.

Estas y otras medidas deberían ser meditadas para salvar la crisis de representación que atraviesa nuestro sistema democrático. Todos tendríamos que aportar nuestro granito de arena para recuperar la fuerza de los valores democráticos, empezando por la máxima transparencia en la organizaciones políticas y en la gestión de lo público.

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