Crónica levantisca

juan Manuel / marqués Perales

Clave de bóveda

EL derecho penal se ha ido infiltrando en un coto donde sólo imperaba el administrativo, y ya hay alcaldes y alcaldesas que cumplen penas de prisión por enchufar como asesores a militantes del partido (Pedro Pacheco, Jerez) o por compensar con el pago en horas extraordinarias otros trabajos no reglados (Eva Corrales, Rota, camino de la cárcel). Cito estos ejemplos porque son casos en los que los presidiarios no se han beneficiado económicamente por la comisión de los delitos, al que podríamos sumar también a Pilar Sánchez, otra ex alcaldesa de Jerez. Los tres pertenecen a partidos diferentes, PA, PP y PSOE, y vienen a marcar un Rubicón en una nueva fase en la que ha entrado la política española, judicializada ahora de verdad. No se tratan de ejemplos de corrupción negra, como son los casos de Francisco Granados o de Luis Bárcenas, en los que la mordida se produce por la manipulación de decisiones administrativas para el lucro propio y del beneficio del partido.

Pero hay una corrupción gris que se coloca por montera el derecho administrativo para conceder favores y prevendas con el objetivo de beneficiar a un entorno, pero sin solicitar nada a cambio, sólo el apoyo electoral. Se crea así un régimen clientelar, donde los beneficiaros no están obligados a devolver el favor e, incluso, no tiene por qué ser conscientes de la liberalidad. Desde un principio, la juez Mercedes Alaya ha sostenido que el caso de los ERE trataba de esto. Es cierto que hay lucro personal en el caso de unas pocas personas, pero son no más y tampoco encontró, por mucho que buscó, una financiación ilegal del PSOE. Siendo así su percepción, estaba obligada a buscar a los diseñadores del sistema, a los que colocó en los escalones finales de la pirámide. Eran Chaves y Griñán.

El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro no remató esta versión en el auto de procesamiento de los dos ex presidentes, su texto era, en este sentido, un apaño jurídico en el les que adjudicaba un delito un tanto zombi: la prevaricación administrativa, un concepto extraño para quien sólo adopta decisiones políticas y sin penas de prisión. El juez Álvaro Martín, que es sucesor en toda regla de Alaya, vuelve a la tesis anterior, y por eso refuerza su opinión de lo sucedido con el delito de malversación de fondos para el caso de Griñán y de todos los ex consejeros de Hacienda. En el informe del interventor general de 2005, que no fue atendido ni por el propio firmante, ha encontrado la clave de bóveda que sostiene el argumento del sistema ideado para beneficiar a la clientela.

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