La esquina

Colócanos, Barrientos

LA juez que instruye el escándalo de corrupción del Ayuntamiento de Estepona ha pedido al PSOE local que le facilite la lista de sus afiliados desde el año 2003. Tiene sus motivos: la policía encontró en el registro del despacho del ex alcalde, Antonio Barrientos, fichas de treinta militantes socialistas contratados por el consistorio.

Lo sospechoso es que la mayoría de las altas en el partido llevaban la misma fecha que sus contratos de trabajo con el Ayuntamiento. Verde y con asas: se metieron en el PSOE a cambio de un puesto de trabajo público o, si lo prefieren, agradecieron su puesto de trabajo público ingresando en la organización política que gobernaba el municipio. No sé si hubo prevaricación, malversación, tráfico de influencias, clientelismo o de todo un poco. Llámalo equis, pero es un caso de enchufismo de manual.

Estas prácticas son rentables para los que las realizan y para sus agradecidos beneficiarios -a condición de que ningún juez quisquilloso te pille-, pero muy perversas para el sistema democrático. Por una parte, se utiliza el dinero público de manera del todo ilegítima, no para aumentar el bienestar colectivo, sino para pagar los favores políticos de individuos a los que se contrata quizás sin que el municipio necesite de sus servicios. Por otra, se perturba el funcionamiento normal del partido: quien tiene el control de la contratación pública maneja la vida orgánica del partido en cuestión, se asegura internamente la lealtad perruna de aquellos militantes que le deben su trabajo y promociona o castiga en las listas electorales a quien le garantice su propia continuidad y poder. Es un círculo vicioso. La democracia interna de los partidos es habitualmente discutible; en este caso de Estepona es indiscutiblemente inexistente: se compró con empleos.

Y todo se hizo a imitación del denostado gilismo. Cuando el GIL gobernó en Estepona montó, como en Marbella, una tupida red de sociedades municipales caracterizadas por una doble opacidad, la de su gestión económica y la de sus sistemas de contratación. A los siguientes alcaldes, dos socialistas y una popular, les gustó la idea. En ocho años casi duplicaron la plantilla municipal. ¿Es acaso lógico que en una población que no llega a los sesenta mil habitantes haya 1.361 trabajadores empleados por el Ayuntamiento? Con su secuela: el consistorio arrastra una deuda de 46 millones de euros con la Seguridad Social. Ninguna empresa privada soportaría algo así. Los munícipes esteponeros habían instalado una oficina de colocación y la usaban para controlar la política local y la política partidista.

¡Colócanos, colócanos, Barrientos, colócanos!, cantaban a coro los padres de familia esteponeros con dificultades para trabajar. Barrientos los colocó y les dio el carné del PSOE. Dos por uno.

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