Esta crisis mundial que tenemos ya encima, comparable al crack del 29, es una oportunidad para revisar todos los elementos del desarrollo andaluz. El objetivo debe ser que el nuevo modelo de crecimiento sea más eficiente. Las empresas privadas y las administraciones públicas tienen la oportunidad de mejorar sus organizaciones y su gestión patrimonial. Les pongo un ejemplo paradigmático: todos los presidentes de Cartuja 93, el Parque Tecnológico de Sevilla han intentado gestionar directamente el suelo de la Isla, el terreno en donde se celebró la Expo'92. No han podido los Montaner, Viera o el actual Pérez Saldaña, por citar algunos ejemplos. Todos han fracasado en el intento.

En la reciente celebración del 15 aniversario de este parque tecnológico descubro que el 75% del suelo de la Cartuja lo controla una empresa pública estatal, Agesa, calificada informalmente por algún asistente al acto como "la inmobiliaria más rentable de España en estos momentos". El otro 25% del terreno es de la Junta de Andalucía, pero lo gestiona Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Lo que significa que la dirección del Parque no tiene la capacidad de gestionar su suelo. Una aberración.

Un parque así es un instrumento para el desarrollo económico de Andalucía utilizando la tecnología. Y éste en concreto tiene un gran valor estratégico. Se lo concede la propia administración: la mayor parte del I+D público andaluz está concentrado aquí. En total, hay 350 empresas que facturan 2.238 millones de euros al año. Lo natural, como ocurre con el pujante Parque Tecnológico de Málaga, es que sus activos fuesen administrados por sus gestores. No se trataría tanto de vender el metro cuadrado más caro o de instalar muchas consejerías, sino de atraer a los centros de investigación y desarrollo más competitivos del mundo o a las empresas tecnológicas más avanzadas. Pero en Sevilla los dueños del suelo están en otra cosa. La inmobiliaria estatal lo que quiere el sacar el máximo rendimiento a sus activos y hace muy bien, esa es su obligación. Y Patrimonio tiene que buscar sitio a las instituciones y empresas públicas de la Junta, nuevas o reubicadas. También cumple con su tarea oficial. Pero después están los políticos, que tienen que tomar decisiones más allá del corto plazo y los reglamentos. Si nada lo remedia, los gestores de Cartuja 93 tendrán en 2014 de patrimonio propio los 2.000 metros cuadrados de la tecnoincubadora Marie Curie; un 0,28% de lo que será el Parque entonces.

Hay quien opina sobre el caso que los activos de Agesa deberían de pasar a la Junta y después a la gestión del Parque. Debería haber sido así desde el año 93, pero el primer presidente de Cartuja, Rafael de la Cruz, prefirió que se crease una sociedad estatal, por miedo a las deudas y pleitos herencia de la Expo. La revalorización del terreno ha convertido en un error aquella estrategia 'colonial'. En Málaga se hizo exactamente al revés. Los terrenos del PTA eran del IFA, la Junta y el Ayuntamiento, en régimen de proindiviso, pero se hizo una ampliación de capital y se cedieron los activos a la sociedad anónima que gestiona el Parque. El PTA es un modelo para muchas cosas. No en balde este Parque es sede de las asociaciones nacional e internacional de parques tecnológicos.

Ahora hay una oportunidad de solventar el error sevillano en el pago de la deuda histórica. El Gobierno central ofrece 900 millones de euros y la Junta reclama entre 1.100 y 1.700 millones. Algunas fuentes atribuyen a los activos de Agesa un valor de 300 millones de euros. La Junta ya ha dicho que admitiría el pago en especies. La cosa encaja tanto que hasta se hizo alguna gestión informal, aunque ha sido oficialmente desmentida a este diario por la Consejería de Economía. Arreglar este desajuste debería ser uno de los ingredientes del nuevo modelo de desarrollo.