EN la reciente historia parlamentaria española, tanto nacional como autonómica, las comisiones de investigación sobre asuntos espinosos han tenido una suerte diversa. La mayoría no han servido más que como altavoz de las posiciones previamente adoptadas por los partidos políticos. Cada uno ha reforzado los pre-juicios que tenía sobre lo investigado.

Es imposible saber qué habría pasado con la comisión que PP e IU pretendían poner en marcha acerca del caso de los ERE irregulares aprobados y financiados por la Junta de Andalucía en la primera década del siglo XXI. Por una sencilla razón: el PSOE ha hecho uso de su mayoría absoluta para vetarla, con el argumento de que iba a ser utilizada por la oposición para difamar a los socialistas.

Es, pues, el veto socialista lo que nos impedirá conocer la bondad o maldad de esta comisión investigadora concreta. De la importancia objetiva del escándalo a investigar pocos pueden dudar, y para ello no hace falta exagerar la dimensión cuantitativa del fraude cometido en los expedientes de regulación de empleo (como eso de que se han repartido más de seiscientos millones de euros entre los socialistas y sus amigos). No ha habido un episodio puntual, sino una sucesión de estafas al erario público cometida de manera sistemática con el mismo procedimiento. No se ha producido una deslealtad de cuatro sinvergüenzas que han sorprendido la buena fe de los cargos públicos engañados, sino un saqueo organizado delante de sus narices, lo que hace pensar que o no hubo control o, si lo había, se relajó por la condición amiga de los defraudadores.

De ahí procede la necesidad de una comisión de investigación: para delimitar, si es posible, las responsabilidades políticas por acción u omisión que se deriven del caso. Nunca está de más insistir en que en el Parlamento no se busca, ni se puede buscar, a los culpables de algún delito, sino a los responsables políticos de una irregularidad o anomalía. Las dos vías, la judicial y la parlamentaria, son compatibles. Claro que para quien gobierna la segunda es molesta y pejiguera, y la primera no queda más remedio que aceptarla.

Pero el Parlamento está lleno de molestias para los gobernantes. Las preguntas e interpelaciones también son una molestia. ¡Con lo fácil que es mandar sin que nadie te pida cuentas ni te supervise! Es que el sistema parlamentario es así: el Ejecutivo gobierna y el Parlamento tiene como misión fundamental, además de legislar, controlar al Ejecutivo. Exíjanse mayorías cualificadas para poner en marcha una comisión de investigación, limítense en número las comisiones por legislatura o restrínjanse las materias a tratar. Pero que no se cuestione la necesidad de las comisiones parlamentarias.