HEMOS visto estos días referencias a los Pactos de la Moncloa de 1977, en los que partidos, sindicatos y empresarios llegaron a acuerdos para sacar a la economía de la grave situación por la que atravesaba; incluso se ha recordado otro momento histórico, el Plan de Estabilización, de 1959, que supuso un cambio de mentalidad en el país y permitió la apertura al exterior de nuestra economía. Con estos recuerdos se quiere plantear hoy la necesidad de un amplio consenso y un esfuerzo colectivo ante las graves circunstancias en que nos encontramos.

No es éste el momento de discutir sobre qué debe hacerse, sino sobre cómo aplicarlo. Ha pasado ya la hora de identificar culpables, de los debates sobre si la intervención del Estado es o no excesiva, de si las ayudas favorecen más o menos a algunos sectores, de señalar errores y advertir sobre consecuencias de las medidas actuales en el largo plazo.

Hay una actitud clara del Gobierno para tomar cualquier tipo de decisión que razonablemente ayude a mantener el empleo y la demanda de consumo, que son las dos variables, junto con la disponibilidad de liquidez y recursos financieros, que hoy son urgentes. Pero la capacidad del sector público no se limita a lo que hagan el Gobierno; las comunidades autónomas y los ayuntamientos son centros de decisión de mayor o menos dimensión, pero con un fuerte impacto en la actividad económica. Si la Administración, a todos los niveles, se compromete con las empresas, se fija como objetivo que las inversiones sean productivas y no simplemente obras anecdóticas o estéticas, gastar en lo preciso y ahorrar en lo superfluo, acelerar pagos a proveedores y mejorar la eficiencia en su gestión, este esfuerzo se notará. Hay que hacer ver a los funcionarios que desde la estabilidad de sus puestos de trabajo tienen la responsabilidad de hacer funcionar eficazmente los asuntos, y con ello contribuir a la productividad global; algunas entidades públicas, como el Instituto de Crédito Oficial, están siendo ejemplares en la dedicación de sus gestores y trabajadores ante la crisis. Hasta los estudiantes deberían tomar conciencia del problema y estudiar con más aprovechamiento.

Las empresas tienen que mostrar que son justas con sus trabajadores y que sus decisiones son consecuentes con las dificultades y pueden ser explicadas; los esfuerzos en mejorar la gestión son la mejor forma de implicar a los trabajadores en el proyecto de la empresa. Tanto las cámaras de comercio como las asociaciones empresariales y los sindicatos realizan un esfuerzo callado pero excepcional de estímulo a la exportación, difusión de tecnología, y búsqueda de acuerdos.

Es verdad que nuestras conductas dependen de los incentivos o restricciones que tengamos, pero en situaciones difíciles afloran, junto con las miserias de la naturaleza humana, la responsabilidad y el altruismo. Al poder político le corresponde evitar conflictos, no obsesionarnos con problemas presentes y peligros futuros, y trabajar para dar credibilidad a las instituciones y extender una conciencia de solidaridad ante la crisis.