SI la democracia, en su concepción actual en los países occidentales, representa el menos malo de los sistemas políticos de los que puede autodotarse un pueblo soberano como el español, hay que acatar los resultados de las urnas del 26-J y la aritmética parlamentaria resultante: en conjunto, ganó la derecha ideológica y a ella le correspondería ocupar el poder ejecutivo. Todo lo demás son juegos de tronos que acabarán perjudicando a los intereses de los ciudadanos.

El margen con el que contaba la izquierda en la configuración del Congreso tras el 20-D no existe ahora y ya no caben lamentaciones, aunque no estaría de más que algunos dirigentes políticos asumieran sus errores y pusieran sus cargos a disposición de los correspondientes órganos de sus respectivos partidos, demostrando así que realmente la democracia prevalece en sus organizaciones.

El pueblo habló en diciembre del pasado año y su mandato era que se negociara un Ejecutivo controlado por el Parlamento, pero las miserias orgánicas de los partidos y de sus dirigentes nos abocó a nuevas elecciones, en las que ha castigado a aquellos que han considerado que no habían hecho lo suficiente por alcanzar un acuerdo, pero, a la vez, dándoles una segunda oportunidad para que desde el legislativo controlen y promuevan las grandes iniciativas políticas, correspondiendo al ejecutivo gestionarlas, sea el que sea, y no al revés como ha venido ocurriendo desde la transición.

Una vez que los máximos líderes de Podemos han pasado de presentarlo como un partido transversal el 20-D, a un partido netamente de izquierdas el 26-J, no cabe el abrazo del oso entre éste y el PSOE. Deben trabajar y demostrar en el Congreso de los Diputados que son capaces de convivir y sumar en favor de la ciudadanía. Mientras que Podemos no se ruede en el legislativo y demuestre que es algo más que una plataforma electoral y el PSOE no se regenere y sea capaz de presentar alternativas sostenibles a las de la derecha, habrá poco margen para un ejecutivo plural de izquierdas.

Ambos partidos están condenados a entenderse; les va su futuro en ello. Ni Podemos ha logrado el sorpasso que pretendían algunos de sus dirigentes, ni el PSOE ha logrado recuperar parte del más de un millón de votantes que no ha respaldado a la confluencia con IU en Unidos Podemos y aunque concentran hoy la representación parlamentaria de la izquierda y el centroizquierda del conjunto del Estado, el electorado les ha mandado a la oposición.

Si se impusiera la sensatez política, habría vida para ambas opciones, sin necesidad de que una intente fagocitar a la otra. Podemos ha apalancado el espacio electoral del votante de un socialismo aggiornado, mientras que el PSOE, ha afianzado el suyo entre los que se consideran socialdemócratas y de centroizquierda. Los primeros han pagado su pecado de soberbia el 26-J, y los segundos han perdido el respaldo de los que no le han perdonado que aún no hayan sido capaces de regenerar sus estructuras orgánicas, ni haber ofrecido alternativas a la derecha austericida a lo largo de la pasada legislatura.

Éste es el escenario hoy y la guerra fratricida entre ambas opciones desde las elecciones europeas de 2014 debe acabar de una vez por todas, o el panorama a medio plazo no será muy halagüeño para ninguna de las dos. Siendo hoy netamente complementarias, el electorado no entendería que sigan combatiendo hasta la desaparición de una de ellas y les premiará que colaboren estrechamente en el legislativo en beneficio de los que más han sufrido la política ultraliberal del gobierno del Partido Popular. Pero, hoy por hoy, sigue existiendo el peligro real de que se acaben imponiendo los personalismos de algunos dirigentes, en perjuicio, incluso, de sus propias organizaciones.

El PP debería intentar formar un Gobierno con el respaldo de investidura de sus socios naturales conservadores, aunque no lo va a tener fácil, dado que aglutinar a un grupo tan centralista como Ciudadanos, con otros nacionalistas e independentistas, como PNV y CDC, requiere un encaje de bolillos que no está al alcance de cualquiera, y menos de los dirigentes actuales de un partido que representa el paradigma de la corrupción y que ha llevado a cabo una gestión meramente administrativa de la cosa pública, haciendo dejación de la política a lo largo de su último mandato. Si lo lograra, sería un mal menor; el mayor podría llegar a ser otro gobierno del PP con mayoría absoluta.

Por cierto, aunque hasta el rabo, todo es toro, la enmienda a la totalidad del comité federal del PSOE suena a "de entrada, no", ya que si no la decisión adoptada sería impracticable.