LA publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de una orden de la Consejería de Empleo que regula las ayudas a los trabajadores prejubilados significa una sola cosa: la Junta reconoce que lleva diez años haciéndolo mal en materia de ERE (expedientes de regulación de empleo).

Bueno, es lo que le estuvo recordando la Intervención General de la Junta en sus informes de 2005, 2006 y 2007 (inciso: el interventor que firmaba los dictámenes no es, para nada, un submarino del PP). De haber atendido lo que indicaban estos informes, es decir, que las subvenciones se estaban concediendo saltándose los procedimientos y controles administrativos ordinarios, el Gobierno andaluz no andaría en la picota nacional, y tampoco en los tribunales.

Lo que ha hecho el consejero de Empleo es lo que debían haber hecho sus predecesores. Consiste en restaurar la normalidad en el funcionamiento de la Administración Pública en una sociedad democrática, y eso implica que el dinero público se gestiona con transparencia y control, sin discrecionalidad ni opacidad. La orden que publicó el BOJA anteayer establece cautelas tan sencillas como que las ayudas a las prejubilaciones serán sometidas a un estudio preliminar (por ejemplo, para establecer la repercusión de la empresa afectada en la economía andaluza, lo que evitaría la presencia de intrusos en ERE de empresas minúsculas), que los trabajadores beneficiarios de subvenciones para prejubilarse acrediten una antigüedad mínima en la empresa en cuestión y que las ayudas cuantiosas no dependan de un director general sino del consejero y sean publicadas en el BOJA.

En fin, todo lo que tuvo que aplicarse entre 2001 y 2010 y no se aplicó. ¿Por qué causa? Según mi tesis, por la indolencia y el desarme moral que genera el ejercicio prolongado del poder. Las largas hegemonías son propicias al abuso y la corrupción. Ni siquiera hace falta que los responsables políticos de máximo nivel se impliquen directamente en las irregularidades, chanchullos, trapicheos y golfadas. Basta con que sean cómplices pasivos, hagan la vista gorda ante los corruptos o actúen movidos por el perverso patriotismo de partido, uno de los más graves defectos de la democracia española. Por clientelismo, por no enemistarse con gentes que, al fin y al cabo, son compañeros o familiares, por negligencia punible o por todo un poco.

Si no vigilas a tus subordinados, es muy probable que algunos se comporten como granujas, porque eso está en la condición humana. Si, además, como en el caso de los ERE, prescindes de los controles legales sobre el dinero público, no es probable, sino seguro.