la tribuna

Antonio Montero Alcaide

Consenso y estabilidad educativa

YA se sabe que el estreno de los gobiernos resulta ocasión propicia para el anuncio de nuevas medidas que, en distinto grado y condición, se corresponden con las adelantadas en declaraciones públicas previas a las elecciones o en los programas electorales que son, con carácter general, bastante poco leídos. Así, una medida expuesta por el nuevo presidente del Gobierno, en sus primeros días, ha sido la de prolongar un año el Bachillerato. Es de imaginar que, para ello, cuenta con los correspondientes asesores y que el también nuevo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se pondrá en la tarea, pero algo no cuadra del todo, digámoslo así, cuando se estiman elementos básicos del sistema educativo que resultan de difícil modificación.

Vayamos por partes: incrementar una año más el Bachillerato, de dos a tres cursos, implica, en principio, dos posibilidades poco viables: reducir el límite de edad para la escolaridad obligatoria en ese mismo tiempo, un año: de los dieciséis a los quince años de edad; o posponer el acceso a la universidad de los dieciocho a los diecinueve. Pero tanto una como otra referencia -la edad de finalización de la educación obligatoria o la del acceso a la universidad- están asentadas, de modo general, en nuestro entorno y no resultan previsibles alteraciones en las mismas. Antes que eso, sí parecen probables modalidades o itinerarios diferenciados en los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), algunos de los cuales entronquen, de manera directa, con la continuación de estudios en el Bachillerato posterior. Esto es, si se mantiene el límite de edad de la escolaridad obligatoria, más que de un Bachillerato de tres años conviene hablar de itinerarios en la ESO que conducen al Bachillerato posterior.

Tan es así que la propia Ley de Orgánica de Educación (2006), marco actual del sistema educativo, registró modificaciones recientes, algunas de las cuales apuntan en esa línea. De esa forma ocurrió con el cajón de sastre de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, complementaria de la anterior. El último curso de la ESO queda entonces configurado como de orientación hacia las distintas modalidades del Bachillerato y los ciclos de grado medio de Formación Profesional, a partir de distintas "opciones" de materias. Y tal configuración habría de entrar en vigor el curso 2012-2013, tal como establece el Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio.

Interesa recordar, asimismo, que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002), promulgada con un gobierno del mismo signo político que el actual, introdujo "itinerarios formativos", en los cursos 3º y 4º de la ESO, con asignaturas específicas (tres). En el curso 3º, los itinerarios eran dos: Tecnológico y Científico-Humanístico, mientras que en el curso 4º se definían 3: Tecnológico, Científico, Humanístico. A este último curso se le denominó, a su vez, Curso para la Orientación Académica y Profesional Postobligatoria. Y la opción por los itinerarios era flexible, ya que la elección realizada en un curso académico no condicionaba la del siguiente, que todos los itinerarios compartían numerosas materias comunes, y que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria era único, con independencia del itinerario por el que se optara.

Con el cambio de gobierno registrado en 2004, ese marco de ordenación del sistema educativo quedó, primero, aplazado ese mismo año, y, después, derogado, tras la promulgación de la Ley Orgánica de Educación (2006). Así, las elecciones de 2004 se celebraron el día 14 de marzo, la investidura del presidente tuvo lugar el 16 de abril y ya el 29 de mayo se publicaba un real decreto, el 1318/2004, que posponía el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación promulgada por el gobierno anterior. En el preámbulo de ese real decreto puede leerse lo que sigue: "La voluntad hecha pública por el Gobierno de la nación de instar en los próximos meses ante las Cortes Generales la modificación de determinados contenidos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, hace aconsejable asimismo (...) no forzar en este momento la aplicación de ciertos aspectos de la ley que podrían ser la causa de una situación de inseguridad e inestabilidad nada aconsejables en un servicio como el de la educación. De esta forma, será posible abrir un periodo de reflexión y consulta (...) en pro del consenso deseable en toda reforma educativa" que, en caso contrario, podría verse obstaculizado".

De manera que, vueltas las tornas del gobierno, casi ocho años después, se repite el guión y urge apelar al consenso y a la estabilidad, de manera no retórica, para no desaprovechar una nueva oportunidad tan necesaria como desatendida en la ordenación del sistema educativo español.

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