MILES de usuarios de la sanidad pública están teniendo problemas a la hora de retirar en las farmacias los medicamentos que sus médicos les han prescrito una vez que el pasado domingo entró en vigor la reforma que exige por primera vez a los jubilados del sistema general de la Seguridad Social -los de Muface (funcionarios) e Isfas (militares) siempre han pagado el 30% del coste- que abonen el 10% del precio del producto hasta un tope mensual de 8 a 18 euros. Uno de los principales conflictos que se están suscitando es que las bases de datos que se emplean para determinar qué porcentaje del medicamento en cuestión ha de abonarse están desfasadas, ya que se sacan de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio de 2010. Eso explica que haya cientos de casos de personas cuya situación ha cambiado en el año y medio transcurrido desde el 31 de diciembre de 2010: activos que ahora son jubilados o desempleados y que no tienen ni la renta declarada entonces ni, por tanto, la obligación de efectuar el copago conforme a aquellos ingresos. Desde el anuncio de la medida hace unos meses, cuando se dijo que entraría en vigor el primero de julio, se puso en duda la capacidad real para implementar el sistema de control del copago en tan poco tiempo, máxime cuando la entrada en vigor coincidía con el cierre de la campaña de la Renta de 2011, que aunque tuviese seis meses de desfase implicaría menos errores. Urge que el Gobierno ponga los medios para subsanar estos errores y evitar que los usuarios paguen más de lo que legalmente les corresponda o no accedan al tratamiento al negarse a pagar, como también ha ocurrido. Igualmente, debe establecer un mecanismo para devolver con diligencia el exceso de importe abonado por los usuarios. Una medida disuasoria del gasto como ésta no debe impedir el acceso a un servicio universal garantizado por nuestra legislación. Sabemos que urge el ahorro, pero quizás haberse dado algo más de tiempo habría evitado inconvenientes y agravios como los denunciados.